Juez federal ordena a IMSS a dar atención a derechohabiente en Veracruz tras queja

Un Juez federal ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantizar de inmediato la atención médica especializada para un derechohabiente que denunció la omisión de recibir estudios, diagnósticos, tratamiento y medicamentos para una lesión en el ojo que, según expuso, ha deteriorado su salud y movilidad.

El Juzgado Primero de Distrito en Xalapa admitió el juicio de amparo 1240/2025 y concedió la suspensión de plano al considerar que la falta de atención puede poner en riesgo la vida, la integridad y la salud del promovente. En la demanda, el quejoso señaló que no ha recibido atención médica oportuna ni continua y que ha tenido que trasladarse por sus propios medios a diversas unidades del IMSS a pesar de que ya no ve bien por la lesión sufrida.

También reclamó que no se le han otorgado las incapacidades temporales o definitivas derivadas de su estado de salud ni el pago del salario correspondiente. En la resolución, el Juez determinó que los señalamientos se refieren a la posible afectación del derecho a la salud y ordenó que, cuando el promovente acuda a la institución médica, se le otorgue una cita inmediata y atención especializada en oftalmología, así como el tratamiento y los medicamentos necesarios.

También instruyó que se realice una valoración médica para determinar si procede concederle incapacidad por el tiempo que sea necesario. El Juzgado precisó que, de ser el caso, deberá brindarse atención hospitalaria especializada y cualquier otro servicio relacionado con el padecimiento. Indicó que las autoridades deben privilegiar la salud e integridad física del quejoso por encima de cualquier trámite administrativo interno y advirtió que las consecuencias de no hacerlo serán responsabilidad de los servidores públicos implicados.

La resolución ordenó al IMSS informar en un plazo de 24 horas si los hechos denunciados son ciertos y qué medidas fueron adoptadas para cumplir la determinación, y les apercibió con multas de hasta 115 unidades de medida y actualización (UMA) y con posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento. La audiencia constitucional quedó programada para el 18 de diciembre de 2025.