Juez ordena a Fiscalía investigar a ministeriales por presunta tortura de July Raquel Flores

Un Juez de Control ordenó reabrir 4 investigaciones por las denuncias de tortura y violencia sexual contra July Raquel Flores Garfias, tras revocar la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de no proceder penalmente contra los policías ministeriales señalados por las agresiones.

El caso se remonta a noviembre de 2020, durante la gestión de la entonces fiscal Verónica Hernández Giadáns, cuya administración fue señalada por presuntas irregularidades y omisiones en las investigaciones, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó actos de tortura contra la víctima.

La resolución fue emitida el lunes 9 de noviembre en Pacho Viejo, en cumplimiento del amparo 604/2025-II-A, que dejó sin efecto la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada por la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura. De acuerdo con la defensa, la Fiscalía archivó las carpetas abiertas entre 2021 y 2024 sin notificar a July Raquel de su existencia, recibir sus pruebas ni practicar peritajes para documentar las lesiones y secuelas físicas que atribuye a las agresiones.

Los abogados acusaron que el Ministerio Público se limitó a recabar grabaciones de audiencias y realizar trámites administrativos, sin investigar los señalamientos contra los agentes identificados por la víctima durante su proceso penal. Ante estas omisiones, el Juez ordenó notificarle formalmente sobre las investigaciones, permitirle aportar pruebas y realizar las diligencias pendientes antes de emitir otra determinación.

Las acusaciones contra la actuación de la FGE surgieron durante la administración de Hernández Giadáns. La CNDH documentó actos de tortura física, psicológica y sexual cometidos durante la detención y traslado de July Raquel de la Ciudad de México a Veracruz, además de señalar irregularidades en la actuación de servidores públicos.

July Raquel fue detenida el 6 de noviembre de 2020, acusada de participar en el homicidio de María Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad Valladolid, ocurrido en junio de ese año en Xalapa. Posteriormente, fue sentenciada a 60 años de prisión. Su defensa sostiene que la Fiscalía ha intentado archivar en 3 ocasiones las investigaciones por tortura, pese a los señalamientos de la víctima y los hallazgos de la CNDH.