Jueza de Veracruz emprende lucha legal contra cierre de Juzgado

La titular del desaparecido Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de Coatzacoalcos, María Alicia Caram Castro, ganó la primera parte de la batalla jurídica que emprendió en contra del Acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura que extinguió 29 Juzgados.

El Juzgado Décimo Noveno de Distrito con Residencia en Coatzacoalcos dio entrada al Juicio de Amparo 722/2021 promovido por la juzgadora y fijó la audiencia incidental para el 29 de este mes de julio a las 9:27 horas.

Mientras se resuelve el Juicio de Amparo, el Juez Federal también ordenó que se siga cubriendo el salario íntegro a la Jueza, así como todas las prestaciones y el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Y se le concedió un plazo de 48 horas al Consejo de la Judicatura para que presente un informe detallado y en caso de no hacerlo, se impondrá una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (8 mil 962 pesos).

La juzgadora combatió el Acuerdo del Consejo de la Judicatura que ordenó el cierre de 11 Jugados de Primera Instancia conocidos como Microregionales, 12 Juzgados de Primera Instancia Especializados en Materia de Familiar, 1 Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, 2 en Materia Penal, 2 Juzgados Mixtos en Primera Instancia en modalidad Digital y un Juzgado Civil Menor.

El Acuerdo entró en vigor el pasado 1 de este mes de julio y con ello los Jueces titulares de los 29 Juzgados, el personal no basificado, y de confianza, “quedaron separados de sus cargos y perdieron la relación laboral que los unía al Poder Judicial, sin que haya responsabilidad para el órgano jurisdiccional”, determinó el Consejo de la Judicatura.



Sin embargo, Alicia Caram, quien al momento del cierre se desempeñaba como titular del Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Coatzacoalcos, promovió un Juicio de Amparo.

La Jueza también se quedó de actos discriminatorios en su contra, toda vez que otros juzgadores fueron readscritos a nuevos órganos jurisdiccionales, a pesar de contar con menos años de carrera judicial que la promovente.

Por lo que se considera que el acto reclamado podría generar una afectación irreparable en la esfera de derechos de la quejosa.