Jueza federal Alejandrina Maldonado ordena detener “las causas que generan el derrame en el Golfo”

Una jueza federal ordenó detener las causas que generan el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y advirtió que, de ser necesario, las autoridades deberán recurrir a medidas como la clausura temporal de pozos petroleros o la paralización del transporte de hidrocarburos que estén provocando contaminación en la zona costera.

La resolución fue emitida por Alejandrina Maldonado Martínez, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, al conceder una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 337/2026 promovido por Juan Carlos Atzin Calderón, representante de la asociación civil “En el Corazón está el Cambio”. En su determinación, la juzgadora estableció que la suspensión tiene como objetivo frenar los actos que originan el derrame y evitar que el daño ambiental continúe extendiéndose en el litoral del Golfo.

“La suspensión obliga a detener los actos reclamados que generan el derrame, lo que puede implicar la clausura temporal de instalaciones, pozos o la paralización de operaciones de transporte de hidrocarburos que estén provocando la contaminación en la zona costera”, señala el fallo judicial.



La resolución también contempla medidas para la atención inmediata de los daños ambientales ya registrados. Entre ellas se encuentra la limpieza de playas y la remediación de ecosistemas afectados, como manglares y zonas marinas. De acuerdo con la determinación judicial, las autoridades y empresas responsables deberán ejecutar acciones para reparar el daño ambiental de manera inmediata. “Obligación de remediación inmediata: la autoridad judicial puede ordenar la limpieza urgente de la playa y ecosistemas afectados, obligando a PEMEX o las empresas responsables a reparar el daño ambiental de manera expedita”, se indica en el documento.

La jueza también ordenó adoptar medidas para proteger la fauna silvestre y evitar que las labores de contención generen impactos adicionales. La resolución menciona la necesidad de salvaguardar especies presentes en la zona, entre ellas delfines, tortugas y manatíes, así como evitar el uso de sustancias que puedan agravar la situación ambiental. “La suspensión actúa como garantía del derecho humano a un entorno saludable, impidiendo que el daño se extienda a la salud humana y económica de las comunidades locales”, refiere la resolución.

El amparo fue promovido por la organización civil contra la presunta omisión de las autoridades federales de aplicar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en Zonas Marinas Mexicanas, así como por posibles actos de negligencia en la atención del derrame. Dentro del procedimiento, la jueza concedió a las autoridades federales un plazo de 48 horas para que presenten un informe previo sobre la situación.



Entre las autoridades requeridas se encuentra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia que deberá explicar las acciones emprendidas para contener la contaminación. La demanda fue admitida a trámite por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, el cual fijó las 9:10 horas del 9 de junio de 2026 para la celebración de la audiencia constitucional en la que se analizará el fondo del asunto. El expediente también establece que las autoridades responsables deberán rendir un informe justificado en un plazo de quince días.

Este caso se suma a otra resolución judicial emitida el lunes pasado por Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, quien también concedió una suspensión provisional a la misma organización.
En ese fallo, el juzgador ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizar todas las acciones legales y materiales a su alcance para contener y remediar los daños ocasionados por el derrame.

Diversas organizaciones ambientalistas han señalado que el derrame habría comenzado desde febrero en un ducto subterráneo relacionado con el complejo petrolero Cantarell y que la contaminación se extendería a lo largo de aproximadamente 630 kilómetros del litoral del Golfo de México. La suspensión concedida por la jueza federal tendrá efectos mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo, cuyo objetivo es determinar si las autoridades incurrieron en omisiones al no activar mecanismos de atención ante el derrame de hidrocarburos.