Jueza federal Rosa María Viveros incurre en hostigamiento y despidos ilegales: Jennifer Ordóñez

La delegada del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal en Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama, Jennifer Ordóñez Villalobos, denunció que la jueza federal Rosa María Viveros Villegas, titular del Séptimo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en Veracruz, tras la elección judicial ha ordenado y ejecutado procedimientos administrativos y despidos sin garantizar el derecho de audiencia.

Presuntamente, de acuerdo con quejas que se han difundido en redes sociales, dichas rescisiones tienen como fin sustituir personal por trabajadores afines a los nuevos juzgadores que fueron electos.

Ordóñez Villalobos afirmó que existen prácticas de hostigamiento, incremento de cargas laborales y levantamiento de actas para justificar sanciones y despidos. Señaló que el caso más reciente ocurrió con el despido de Mauricio Sainz, quien se desempeñaba en Oficialía de Partes. Explicó que la destitución se dio luego de que el trabajador abrió un sobre marcado como “confidencial”, el cual llegó como correspondencia oficial.

Según la Delegada, esta es una función inherente al área donde estaba adscrito. Sin embargo, la Jueza consideró el hecho como falta grave y ordenó su baja sin permitir ningún argumento.

La Delegada relató que el 27 de octubre buscó una conciliación directa con la Jueza respecto de un acta administrativa previa levantada contra otro trabajador de nombre Felipe. Indicó que el objetivo del sindicato fue evitar una escalada jurídica y privilegiar el acuerdo interno. En esa reunión, afirmó, la Jueza reconoció que había recibido indicaciones sobre cómo conducir el procedimiento sancionador.

Señaló que entonces se acordó dejar sin efectos el acta y firmar un convenio, pero éste no fue respetado posteriormente. Ordóñez añadió que este es el segundo despido registrado en el Tribunal. Previamente, una Coordinadora Técnica Administrativa renunció tras ser señalada de hechos que, a decir del sindicato, no fueron debidamente acreditados. La Delegada sostuvo que la funcionaria prefirió retirarse para no afectar su expediente de trabajo.

La Delegada añadió que también existen certificaciones y actas levantadas contra otro oficial que ha cubierto incidencias del personal cercano a la titular. La representante sindical expuso que las prácticas que documentan consisten en aumentar cargas laborales bajo la justificación de necesidades del servicio y advertir sanciones si los trabajadores expresan inconformidades.

Señaló que estas medidas crean un ambiente de presión. Afirmó que las situaciones están respaldadas con testimonios y material que ya se encuentra en poder de la dirigencia nacional del Sindicato de Renovación y del área jurídica en Ciudad de México. Respecto al nombramiento de personal, Ordóñez indicó que el sindicato identificó el ingreso del ahora secretario oficial Eduardo Meléndez, quien, dijo, fungía como secretario particular del Tribunal. Aseguró que se desconoce si aparece en las listas de personal elegible derivadas de la Reforma Judicial, requisito para ejercer esas funciones.

Agregó que su incorporación se dio tras la salida del trabajador Felipe, quien inicialmente había solicitado una licencia para trasladarse a otro órgano jurisdiccional, pero posteriormente decidió permanecer, decisión que no fue respetada al no haberse formalizado el acuerdo alcanzado con la titular.

Ordóñez sostuvo que la jueza Viveros Villegas accedió al cargo mediante un recurso por paridad y no por votación directa, lo que, señaló, hace más grave la situación por tratarse de una juzgadora en materia laboral que, afirmó, está vulnerando derechos de trabajadores bajo su responsabilidad. Opinó que la contradicción es evidente, pues las autoridades judiciales han declarado públicamente que no deben existir despidos ni actos de acoso en los tribunales laborales.

La Delegada sostuvo una reunión con trabajadores del tribunal para informarles sobre las vías de denuncia y los mecanismos sindicales disponibles. Sin embargo, reconoció que existe temor debido a las facultades de los titulares para ordenar procedimientos y ceses. Por esta razón consideró necesario que los casos sean conocidos por la opinión pública al tratarse de servidores que administran justicia en materia laboral. Señaló que no es viable impartir justicia hacia el exterior si al interior se afectan derechos laborales.

En el caso del trabajador Felipe, dijo que su situación se encuentra en proceso, con testigos citados para declarar a finales de este mes. En el caso de Mauricio Sainz, indicó que se procederá con las acciones legales correspondientes. Ordóñez advirtió que, si el Tribunal de Disciplina no interviene, el sindicato evaluará realizar nuevas acciones como las que se llevaron a cabo el 31 de octubre, cuando fueron tomadas las instalaciones. Señaló que esperan que las autoridades revisen la situación y detengan lo que consideró una cadena de abusos administrativos.