Juzgado de Misantla atenderá asuntos de lo familiar de Martínez de la Torre y San Rafael

En los municipios de Martínez de la Torre y San Rafael, pertenecientes al Distrito Judicial de Misantla, se han incrementado considerablemente los asuntos relativos a divorcios en sus distintas modalidades; demandas de alimentos, ya sea pago, incremento, reducción, cancelación o consignación de los mismos; solicitudes de guarda y custodia, patria potestad, depósito de personas, adopción, tutela; rectificación de actas y de reconocimiento; y quejas por desconocimiento de paternidad, entre otras, según reportes de la sociedad y de las Barras y Colegios de Abogados.

Por esa razón, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, otorgó competencia territorial exclusiva al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Martínez de la Torre, respecto de los asuntos que correspondan a la materia familiar, originados en los municipios de Martínez de la Torre y San Rafael.

La medida se tomó ante esa situación y debido a la falta de especialización de órganos jurisdiccionales que solo conozcan de la Materia Familiar en esos dos municipios, así como derivado de la creación del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en el Distrito Judicial de Misantla.



Por lo que los expedientes que actualmente se encuentran en trámite en los Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Instancia de ese mismo Distrito Judicial de Misantla, el último de los mencionados con residencia en Martínez de la Torre, quedarán en el mismo órgano jurisdiccional hasta su conclusión.

El Consejo de la Judicatura, consideró que en aras de proteger, promover, respetar y salvaguardar los derechos humanos protegidos conjuntamente por las Constituciones Políticas de índole Federal y Estatal, se encuentra obligado a implementar los lineamientos de organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales con el objetivo de que su actividad se convierta en un mecanismo eficaz de resolución de los conflictos, dando certeza sobre los derechos de las partes y que pueda así ayudar en la construcción de una comunidad en donde impere la igualdad.

Por lo que el primer paso para lograr esta meta, es procurar que los ciudadanos tengan acceso a un tribunal ante el cual puedan plantear sus controversias, atendiendo circunstancias que afectan directamente la posibilidad de que las personas puedan hacer valer su derecho ante la autoridad jurisdiccional.



Uno de estos obstáculos lo representan los gastos derivados de los traslados hacia los tribunales, mismos que tradicionalmente se encuentran asentados en las cabeceras de los distritos judiciales, y que no hacen más que ampliar aún más la brecha de desigualdad entre aquellos habitantes con mayores recursos económicos y aquellos que se encuentran en mayor desventaja.

Es por ello, que se debe garantizar que el acceso a la justicia no sólo se encuentre contemplado en los ordenamientos legales, sino que a su vez se vea realizado en la vida cotidiana de los justiciables.