Kenia López pide a la ciudadanía "levantar la voz" por riesgo a la libertad de expresión

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan un riesgo para la libertad de expresión y de prensa en México.

En una nota firmada por Antonio López Cruz y Víctor Gamboa, en El Universal, basado en una entrevista como parte del “Debate sobre el derecho de las audiencias convocado por El Universal” la Legisladora sostuvo que el proyecto permitiría al Gobierno intervenir en la valoración de los contenidos difundidos por los medios de comunicación y determinar qué información puede considerarse veraz o no.

López Rabadán pidió a la ciudadanía “levantar la voz” y llamó a las autoridades a reflexionar sobre las consecuencias que estas disposiciones podrían tener para la democracia y para el ejercicio periodístico.

El debate acerca de lo que propone la nueva regulación se centra en un proyecto elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que fue publicado para consulta pública el 24 de julio de 2026.

De acuerdo con el portal oficial de la CRT, la consulta inició el 27 de julio y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, con el objetivo de recibir comentarios, opiniones y propuestas sobre los mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos como audiencias de radio y televisión.

La propuesta contempla mecanismos relacionados con la protección de las audiencias, códigos de ética, defensores de las audiencias y procedimientos para atender inconformidades.

Sin embargo, algunos de sus apartados han provocado preocupación entre organizaciones de medios, abogados y especialistas debido a las facultades que tendría la autoridad reguladora para revisar el cumplimiento de determinadas obligaciones.

El punto que genera mayor polémica

Uno de los principales cuestionamientos es la posibilidad de que las autoridades tengan participación en la evaluación de contenidos que puedan considerarse falsos, descontextualizados o contrarios a los derechos de las audiencias. La preocupación radica en que una autoridad administrativa pueda terminar funcionando como una especie de árbitro sobre la información periodística.

El riesgo señalado por críticos de la propuesta no consiste necesariamente en una orden directa para retirar una noticia, sino en que la existencia de procedimientos de supervisión y posibles sanciones pueda generar autocensura entre periodistas y medios, particularmente cuando se cubran asuntos relacionados con el propio Gobierno.

Un análisis elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) señala que el proyecto contiene objetivos legítimos relacionados con los derechos de las audiencias, pero advierte que, sin definiciones estrictas, independencia institucional, debido proceso y límites claros a las facultades de revisión y sanción, podrían generarse condiciones para inhibir el periodismo crítico.

La polémica tampoco se limita a las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados. Este mismo lunes, la Barra Mexicana Colegio de Abogados expresó preocupación por los lineamientos y pidió que cualquier regulación relacionada con la libertad de expresión sea analizada bajo criterios constitucionales estrictos.

El organismo señaló que los esquemas mediante los cuales una autoridad puede establecer límites al discurso público pueden convertirse en mecanismos capaces de restringir la crítica o generar formas de censura directa o indirecta. La organización propuso además realizar foros durante las próximas semanas con periodistas, especialistas, académicos, organizaciones civiles, medios de comunicación, autoridades y ciudadanos.

La discusión tiene un punto de partida que también debe considerarse: los derechos de las audiencias sí están reconocidos constitucionalmente y las autoridades tienen obligaciones para garantizar el acceso a información plural, así como mecanismos de defensa para quienes reciben contenidos de radio y televisión.

La propia CRT sostiene que el objetivo de su propuesta es precisamente establecer mecanismos para que los televidentes y radioescuchas puedan ejercer esos derechos frente a los medios de comunicación.

El problema, por tanto, no está necesariamente en proteger a las audiencias, sino en hasta dónde puede llegar la autoridad al aplicar esa protección sin interferir con la libertad editorial. Ese es precisamente el punto que ha provocado la confrontación política y jurídica.

Un elemento importante para entender la polémica es que los lineamientos todavía no constituyen una regulación definitiva. Actualmente se encuentran en proceso de consulta pública, por lo que ciudadanos, medios, organizaciones y especialistas todavía pueden presentar observaciones ante la CRT.

La consulta permanecerá abierta hasta las 23:59 horas del 21 de agosto de 2026, según la plataforma oficial. Por ello, el debate todavía puede modificar el contenido final del documento.

El conflicto plantea una disyuntiva particularmente sensible: por un lado, el derecho de las audiencias a recibir información plural, accesible y responsable; por otro, la libertad de expresión, de prensa y editorial de los medios.

La advertencia de Kenia López y las críticas de organizaciones jurídicas reflejan el temor de que una regulación diseñada para proteger a las audiencias termine otorgando al Estado facultades excesivas sobre los contenidos.

La respuesta de la autoridad, en cambio, será demostrar que los mecanismos previstos sirven para proteger a los ciudadanos sin convertirse en instrumentos para determinar qué pueden publicar, transmitir o investigar los medios. El resultado de la consulta pública será, por ello, fundamental para determinar si los nuevos lineamientos terminan siendo una herramienta de protección de las audiencias o abren un nuevo frente de confrontación por la libertad de prensa en México.

Fuente principal: El Universal, nota de Antonio López Cruz y Víctor Gamboa, publicada el 10 de agosto de 2026. “En riesgo, la libertad de expresión y de prensa”: Kenia López–El Universal
Fuente oficial: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Consulta pública de la CRT