La Comisión de la Familia en el Senado busca institucionalizar la moral de los panistas

Luego de que se diera a conocer que los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) instalaron la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, la congresista perredista Martha Lucía Mícher Camarena reveló que se creó para frenar las iniciativas que promuevan la interrupción legal del embarazo y las uniones entre parejas del mismo sexo.

“PRI y el PAN, al amparo de la manipulación de los recursos legislativos, buscan institucionalizar su moral y sus creencias religiosas como imperativo ético social”, manifestó la Diputada perredista, quien dijo que no resulta extraño que lo hicieran.

Recordó que históricamente el PAN se ha posicionado en contra de temas como la maternidad libre y voluntaria, los derechos sexuales y reproductivos así como la diversidad sexual, por lo que aclaró que los legisladores de la izquierda progresista reivindicamos estos derechos adquiridos.



“El PRD siempre ha tenido una visión de derechos humanos, plural e incluyente que ha incluido en su agenda política y legislativa la defensa del derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria; a la salud sexual y reproductiva; el derecho a la igualdad y no discriminación; a la diversidad sexual y sobre todo a la interrupción legal del embarazo, a través de una política pública moderna, regulada y respetuosa de la autonomía de las personas”, mencionó.

Manifestó que para el PAN los temas han sido tabú y el PRI los ha mantenido alejados del debate público, en la zona de confort de lo ambiguo; sin embargo, en lo oscurito, de la mano del PAN, han aprobado en los estados de la República reformas legales que impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como de los colectivos de la diversidad sexual y que representan un franco retroceso para el desarrollo de la sociedad.

“Para la izquierda progresista el tema de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, la adopción de menores por parte de personas gays o lesbianas y del aborto, han sido temas fundamentales que nos han permitido ampliar el espectro justiciable de los derechos humanos”, indicó.



De acuerdo a la última encuesta nacional sobre discriminación, elaborada por el CONAPRED, revela que hasta un 68 por ciento de la población en general “no ve ninguna justificación para no permitir que dos personas del mismo sexo se casen”.

Al final, agregó que no aceptarán el capricho de la derecha conservadora, que se resiste a acatar la voluntad de la ciudadanía que ya ha manifestado su postura en la Encuesta de Opinión Católica en México, 2010, Actitudes, valores y percepciones de la feligresía católica mexicana, de Católicas por el Derecho a Decidir, en la que el 82 por ciento de las y los encuestados opinó que el Estado debe continuar garantizando el derecho de las personas a decidir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de sus hijos, tal como lo establece el artículo 4° de la Constitución Política Mexicana.