La justicia es cara en México, muchos prefieren quedarse como víctimas: Hugo Aguilar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que uno de los principales retos del sistema judicial en México es lograr que los derechos reconocidos en la Constitución se conviertan en una realidad para las comunidades, especialmente para quienes históricamente han tenido más dificultades para acceder a la justicia.

Durante su participación en Papantla, en el arranque de actividades de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ministro destacó que la justicia debe acercarse a la población y no permanecer distante en los tribunales.

Al iniciar su mensaje, explicó que su saludo fue expresado en lengua mixteca como una forma de reconocer la diversidad cultural del país y la necesidad de reflexionar colectivamente para mejorar la vida de las comunidades. “Les acabo de dar un saludo en mixteco de Oaxaca y les dije que para seguir mejorando la vida de nuestras comunidades es necesario reunirnos, reflexionar y trabajar. Solamente es la forma en que podemos seguir avanzando”, expresó.

Aguilar Ortiz agradeció la invitación del magistrado Gilberto Batiz García, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como de la magistrada Claudia Valle, para participar en el encuentro que marca el inicio de un programa de atención que se extenderá a distintas regiones del país.

El ministro también recordó que el 10 de abril se conmemora el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, figura histórica que, señaló, simboliza la lucha por la justicia social en México. “Hoy, 10 de abril, se celebra el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. A él lo mataron en 1919 y tuvo un pensamiento a favor de los que más necesitan, a favor del pueblo. Él decía: ‘Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno’”, citó.

Explicó que durante muchos años existió una profunda distancia entre las instituciones del Estado y la población, situación que, afirmó, debe superarse con una justicia más cercana a las comunidades. “Hoy, cuando gente del pueblo llegamos a ocupar espacios de gobierno o espacios de justicia, se borra esa brecha. Acá estamos también gente del pueblo y sentimos la injusticia que se ha vivido en nuestros pueblos”, sostuvo.

El ministro recordó que hace una década se creó la Defensoría Pública Electoral con el objetivo inicial de brindar acompañamiento jurídico a comunidades indígenas que enfrentaban dificultades para acceder a la justicia electoral.

Señaló que desde entonces se establecieron dos grandes objetivos: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución y garantizar el acceso real a los tribunales. “Ya tenemos derechos plasmados en la Constitución, pero cuando miramos la realidad ese derecho no se refleja en la vida cotidiana. El reto es cómo hacer que la gente de a pie y las comunidades sientan el calor de ese derecho que dice la Constitución”, indicó.

Aguilar Ortiz explicó que muchas personas desisten de defender sus derechos debido a los costos económicos que implica iniciar o continuar un proceso judicial. “Estoy seguro que muchos de ustedes han sufrido una agresión o les han violado su derecho. Cuando alcanzan a ir con un abogado y preguntan cuánto cuesta, empiezan a hacer cuentas: pasaje, comida, copias, abogado. Y dicen: ‘me sale más caro buscar la justicia que el daño que estoy sufriendo’. Entonces lo dejan así”, relató.

En ese contexto, destacó que la justicia itinerante busca precisamente acercar los servicios jurídicos a las comunidades para evitar que las personas abandonen sus casos por falta de recursos. “Ya no quedarse en la oficina esperando a ver cuándo llega alguien que reclama justicia, sino salir a buscar dónde están los que requieren la justicia”, afirmó.

El ministro también señaló que el ámbito electoral ha sido uno de los espacios del sistema judicial que ha mostrado mayor apertura para comprender las necesidades de los pueblos y comunidades. Consideró que este tipo de iniciativas permiten generar precedentes que fortalecen el acceso a la justicia y contribuyen a que los derechos reconocidos en la ley se traduzcan en soluciones reales para la ciudadanía.