El director de Prevención y Readaptación Social, José Luis Arcos Jiménez, anunció que se reubicará casi a la mitad de los internos del centro de readaptación social Ignacio Allende, en Veracruz, porque sus instalaciones ya representan riesgos de seguridad.
Por ahora, dijo, ya fueron reubicados 130 reclusos a los penales de Amatlán y Villa Aldama porque ya existía sobre población. Ahora, agregó, sólo falta la autorización de la Procuraduría de Justicia de Veracruz y del Tribunal Superior de Justicia para continuar con la reubicación que fue una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“De acuerdo con la solicitud que está haciendo la propia comisión de derechos humanos, la ciudadanía y sobre todo la barra de abogados porque el edificio ya representa un verdadero peligro para todos los internos”, comentó Arcos Roldán, quien añadió que si bien ya existe un proyecto para la construcción de un penal que suplirá al cereso Ignacio Allende aún no se concluyen los estudios de suelo.
A pesar del proyecto que ya existe para su construcción en el municipio de Medellín de Bravo, el Director de Prevención y Readaptación Social informó que continúa la búsqueda de un terreno propicio para la construcción de un edificio con capacidad para mil 500 internos.
En entrevista comentó que actualmente la Dirección de Patrimonio del Estado y la Secretaría de Finanzas tienen a su cargo el estudio financiero y de suelo, y descartó que este año pudiera iniciar la construcción del nuevo penal que sería financiado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
“Las construcción de un edificio de esa naturaleza se llevan un buen tiempo, pero sobre todo lo que no queremos es que nos pase como anteriormente que ya se había encontrado tierra que estaba en Mata Cocuite, y tuvo que abandonarse porque se inundó”, explicó Arcos Jiménez.
En tanto, agregó, se solicitó prórroga de jurisdicción ante la Procuraduría de Justicia de Veracruz y el Tribunal Superior de Justicia del Estado para reubicar a los internos que están bajo proceso penal, pues la intención es reducir la población penitenciaria del cereso Ignacio Allende de mil 325 a 800 internos.