La violencia en elección municipal 2021 en Veracruz, ante la OEA

La denuncia que PRI, PAN y PRD entregaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2021 volvió a tomar fuerza tras los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues el documento no sólo acusaba una presunta operación del crimen organizado en esa entidad, sino un patrón similar en otros 6 estados, incluido Veracruz en su elección municipal.

En el 2021, la coalición “Va por México” sostuvo ante la OEA que “la democracia mexicana fue arrollada por comandos armados”, mediante amenazas, secuestros, control de casillas, presión a candidatos y coacción del voto en zonas bajo influencia criminal.

El documento señalaba presuntas operaciones en Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz y Guanajuato. En algunos casos, los señalamientos se relacionaron con elecciones a gubernaturas; en otros, como Veracruz, con la renovación de ayuntamientos.



En el caso veracruzano, el informe atribuido a la oposición registró 51 eventos graves de violencia política durante el proceso electoral de 2021. Uno de los hechos más relevantes fue el asesinato de René Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, ocurrido horas antes de la jornada electoral. Pese al crimen, Tovar ganó la elección municipal, de acuerdo con los resultados preliminares reportados en su momento.

La denuncia presentada ante la OEA fue entregada el 23 de agosto de 2021 por Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, entonces dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, al secretario general Luis Almagro. En esa reunión acusaron la presunta intromisión del crimen organizado en los comicios del 6 de junio de ese año y señalaron que la violencia habría distorsionado resultados electorales.

El expediente también incluyó señalamientos en Michoacán, donde se denunció la expulsión de representantes partidistas y el control de actas por hombres armados; en Guerrero, donde se acusaron amenazas y secuestros contra candidatos; y en San Luis Potosí, donde la oposición apuntó a presuntos antecedentes e investigaciones relacionadas con recursos ilícitos.



En el Estado de México se citó el caso de Valle de Bravo, donde la candidata Zudikey Rodríguez denunció haber sido privada de la libertad y obligada a replegarse de la campaña. En Guanajuato, el documento mencionó el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón.

La denuncia recupera relevancia debido a la situación en Sinaloa, luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con el crimen organizado. Aunque los señalamientos deben ser investigados por las autoridades competentes, el documento presentado ante la OEA expuso desde 2021 una advertencia sobre el avance de la violencia criminal en procesos electorales locales.