Las próximas elecciones apuntan hacia el resurgimiento veracruzano (III)

El culto a la muerte ha estado presente a lo largo de la historia. En las culturas originarias del territorio mexicano los guerreros perecidos en combate y las víctimas de los sacrificios humanos cumplían una función de apaciguamiento divino, porque con su muerte permitían que el universo siguiera su curso. Desde hace más de tres mil años, la tradición indígena de las ofrendas funerarias buscaba apoyar a los muertos en su largo viaje a Mictlán, donde llegaban a convivir con sus dioses. El sincretismo religioso de Mesoamérica con el cristianismo conjugó creencias y tradiciones disímbolas. Entre los múltiples ejemplos se encuentran la celebración del día de muertos y el que las calaveras nos acompañen desde que funcionaban nuestros sitios arqueológicos hasta los festejos de hoy en día, adquiriendo un sentido de diversión antiséptica, sin connotaciones nocivas. El folklor mexicano del siglo pasado nos recuerda que la vida no vale nada, premisa que subyace en los actuales narcocorridos y telenovelas que subliman la violencia. El problema es que ese bagaje cultural se contamine con la percepción social de que el soborno en la vida cotidiana supera a la legalidad, que la impunidad es permitida cuando uno es aliado del poder o que el mismo presidente afirme ante la población “que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley”.



Más aún, el discurso político que alimenta el resentimiento social es abono justificativo para quienes deciden delinquir. La promoción del rencor colectivo, por parte de la propia autoridad, induce al malhechor a razonamientos antisociales: Si los poderosos ya nos robaron, sean grandes empresarios, políticos corruptos, productores locales, la dueña de la tienda de la esquina, los vecinos con automóvil o el pasajero del transporte colectivo con celular, ¿por qué no nos vamos a desquitar?. Bajo esas condiciones, no deben extrañar las noticias recurrentes sobre autoridades que no actúan ante actos delictivos porque son “muestras de cohesión social” o “hechos irremediables a causa de la desigualdad social”. La cohesión social debe interpretarse exactamente en un sentido opuesto; esto es, como una integración solidaria entre la ciudadanía y su comunidad para acrecentar la convivencia armónica, justa, democrática.

¿Hay alguna relación de todo lo anterior con que los transgresores de la ley sepan que habrá “abrazos y no balazos”, que le recen a la Santa Muerte, que convenzan fácilmente a nuestros jóvenes que el paraíso está a la vuelta de la esquina o que obliguen a delinquir a los migrantes, usándolos como carne de cañón, intercambiando su vida por nada?

¿Y que en ese trágico escenario las mujeres sean las principales víctimas por el machismo cultural que conduce a tratarlas como de segunda clase, a causa de complejos y la demente percepción de que están para complacer al hombre, por más perversa que sea la intención? Lo que no hay duda es que esa cruel distorsión es pan de cada día en nuestro mundo ficticio del entretenimiento o en el mundo real de las noticias, de la convivencia social, del trabajo y del propio hogar.

Es evidente, entonces, la necesidad de atender las distorsiones que se han hecho de nuestras tradiciones para redimensionarlas y hacer posible, desde nuestras propias raíces culturales, la vida armónica y la equidad en sectores de la población que viven en desventaja; en particular las mujeres. Ello implica una socialización sana y plena, desde la familia, la escuela, los programas gubernamentales, los medios de comunicación y las organizaciones sociales y ciudadanas sobre lo que significa la vida comunitaria en armonía, promoviendo la legalidad y desterrando la impunidad. Y debe quedar claro que la formación en valores no consiste en la mera lectura de “cartillas morales”, en discursos incongruentes o en diálogos de sordos; es imprescindible predicar con el ejemplo y asegurar imparcialidad en la aplicación de consecuencias a quien cometa transgresiones, así como reconocimientos a la actuación ética.



Quienes han estudiado a fondo la violencia y la delincuencia concluyen en que la seguridad pública se construye, y aunque debe incluir un componente reactivo, no sólo se trata de perseguir a los delincuentes hasta sus escondites sino de restarle sus espacios de operación y extensión. Para ello se requiere un tratamiento integral, tomando en cuenta todas sus causas, mediante un método de trabajo transversal que aglutine los esfuerzos a nivel municipal, estatal y federal, que sea permeable al interior de las comunidades y que sea sostenible a lo largo de los años y no de un sexenio. La propensión a la violencia y la inseguridad pública es causada por factores sociales, coyunturales, institucionales, comunitarios y de impacto internacional. Un enfoque integral debe considerar que la pobreza y marginación está asociada con ambientes físicos precarios que favorecen la violencia intrafamiliar y propician las pandillas juveniles que son fuente de sustento del crimen organizado. Las organizaciones criminales multiplican su poder delictivo debido a las armas, drogas y el alcohol; la ausencia de autoridad, legalidad y sistemas eficaces de procuración de justicia; la proliferación de instituciones débiles y organizaciones comunitarias sin la debida cohesión social; así como por el impacto transnacional de la criminalidad.[1]

Millones de mexicanos viven en espacios precarios que inhiben la privacidad, el debido descanso e, incluso, las tareas escolares, propiciando la falta de respeto, la irascibilidad, la desconfianza y la violencia intrafamiliar, uno de los problemas más serios en México. Sólo en casos extremos interviene la autoridad porque no existe la debida prevención de trabajadores sociales, psicólogos, personal del sector salud ni la participación comprometida de miembros de la comunidad y de organizaciones sociales que han sido descalificadas, sin distingo, por el actual gobierno federal. La decisión muy desafortunada de cerrar las estancias infantiles que apoyaban a madres solteras y abandonadas mientras trabajan, ha conducido a desatender a los infantes que requieren el respaldo de profesionales. Lo mismo ha sucedido con el rescate de espacios públicos que sólo se enfocan a la obra pública y no la complementan con trabajo social que inhiba comportamientos antisociales y el que sean ocupados por bandas juveniles y el narcomenudeo que conducen a la penetración delictiva en las comunidades, a la tolerancia social hacia el delito y a la corrosión social de la cultura de la legalidad. De igual manera, ha sido un grave error combatir de manera similar a las bandas juveniles que al crimen organizado, cuando este último busca el negocio lucrativo al margen de la ley y las primeras responden a una forma de sobrevivencia y búsqueda de identidad. Sólo el 5% de los delitos del orden federal son cometidos por el crimen organizado. Los delitos del orden común, en cambio, representan las mayores incidencias de inseguridad pública en estados y municipios, en las calles y en las comunidades. Sin embargo, el crimen organizado se ha expandido, ocupando actualmente amplios territorios en varias entidades federativas porque los programas locales de seguridad son ineficientes e insuficientes debido al recorte de subsidios municipales y estatales para la seguridad y a que los esfuerzos gubernamentales se han dedicado a fortalecer a las instituciones federales, poniendo en aprietos a las policías estatales y municipales que han sido abandonadas, generando la desconfianza de los ciudadanos por sus malas prácticas y la falta de profesionalismo, honestidad y de controles. En los países donde la seguridad publica funciona, sus sistemas están blindados y los policías tienen una vida digna y su trabajo es valorado por las comunidades en que trabajan. Además, existen consecuencias severas hacia las desviaciones delictivas de los encargados de la seguridad pública.



El gobierno actual ha causado un severo desorden en el andamiaje de la seguridad pública en el país porque la Guardia Nacional, ahora controlada por el Ejército Mexicano, pretende aglutinar fuerzas heterogeneas del orden, inventando 266 estructuras regionalizadas y cambios legislativos, mientras los delitos graves se incrementan. Los gobiernos estatales y municipales ahora deben atender a nuevos mandos que complican la territorialidad y soberanía estatal. Ahora, los militares asumen toda la responsabilidad bajo una estrategia vertical de seguridad pública que minimiza la seguridad de las comunidades, provocando temor, desconfianza y rechazo a la cultura de la legalidad. El lema de “primero los pobres” es incongruente con el esquema anterior, porque son quienes más padecen las consecuencias de la inseguridad pública y del abuso de policías y militares. La cooperación internacional permite la instrumentación de políticas públicas de seguridad más eficaces debido al aprendizaje de experiencias, sistemas y tecnologías de última generación que permiten prevenir complejos casos delictivos y compartir información de inteligencia para combatir al crimen organizado y a la delincuencia común.[2]

La propuesta de Pepe Yunes en materia de seguridad y prosperidad para recuperar la Paz, mediante la consolidación de un Centro Integral de Seguridad Ciudadana (CISC), la Fuerza de Tarea «Escudo Veracruzano» y un amplio programa de apoyo y protección a las mujeres veracruzanas, parte de una visión integral que implica la ampliación de la oferta suficiente y relevante de oportunidades educativas, recreativas y de capacitación para empleos mejor remunerados; la facilitación homogénea de servicios básicos en barrios y colonias que incluye la dignificación de viviendas; la recuperación de espacios públicos para un entretenimiento vivificante; la operación de centros comunitarios orientados a encausar a padres de familia, mujeres, jóvenes y niños hacia una vida comunitaria y cohesión social plena; el control federal en el tráfico de armas, drogas, alcohol y trata de personas; una estrategia uniforme en los tres niveles de gobierno para profesionalizar las policías locales, habilitarlas con medios modernos de monitoreo, registro y prevención de delitos del orden común y sueldos competitivos; una impartición de justicia transparente y eficaz que garantice la legalidad y la impunidad; y el combate a delitos federales mediante la estrecha coordinación con las agencias especializadas que propicien la coordinación entre dependencias afines del país y del exterior, donde la participación de los militares se dirija, fundamentalmente, al reforzamiento de la seguridad pública civil.