Laura Ballesteros promoverá juicio político contra Rosario Piedra, titular de la CNDH

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, solicitó la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, y anunció que promoverá un juicio político en su contra, al acusarla de encubrir la crisis de desapariciones que enfrenta el País.

La Legisladora acudió a la sede de la CNDH en la Ciudad de México para entregar un documento dirigido a la titular del organismo autónomo, en el que plantea que la Comisión ha fallado en su mandato constitucional frente a la problemática de desapariciones denunciada por familias de víctimas y documentada por organismos internacionales.

En el escrito, fechado el lunes 6 de abril de 2026, Ballesteros sostiene que la respuesta institucional de la Comisión ante el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas representa un respaldo a la actuación del Estado en lugar de una defensa de las víctimas.



“Su trabajo no es proteger al Estado y sus integrantes”, señala la diputada en el documento entregado en la sede del organismo.

La legisladora afirma que la postura de la Comisión frente al diagnóstico internacional implica un encubrimiento de la crisis. “Su respuesta no sólo ante la permanente crisis, sino también su propia respuesta el día de ayer en su comunicado oficial, ha sido negligente y de absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado Mexicano, por encubrimiento y falta de medidas efectivas para resolver la crisis”, expone en el texto.

Ballesteros argumenta que, ante los señalamientos del organismo internacional, la CNDH debió asumir su papel como órgano de control y defensa de los derechos humanos.



“El mandato de la CNDH es claro: proteger, defender y promover derechos humanos, investigar violaciones graves y actuar como contrapeso frente al poder”, señala el documento.

De acuerdo con la legisladora, el organismo ha omitido acciones frente a la situación de desapariciones en el país, lo que, sostiene, ha debilitado la confianza de las víctimas en las instituciones encargadas de garantizar la verdad y la justicia.

“La omisión en la apertura de investigaciones de oficio, la falta de recomendaciones contundentes y la ausencia de una defensa activa de las víctimas reflejan una desviación preocupante de su función constitucional”, indica el texto.



Ballesteros plantea que la actuación de la Comisión también debilita la legitimidad institucional frente a los diagnósticos internacionales sobre desapariciones en México.

“Al minimizar la gravedad de la crisis de desapariciones y cuestionar diagnósticos internacionales, la Comisión no sólo debilita su propia legitimidad, sino que contribuye a una narrativa que invisibiliza a las víctimas”, señala el documento.

La diputada también advierte que la omisión institucional frente a patrones de desaparición puede contribuir a perpetuar la problemática.



En su escrito, Ballesteros refiere que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha advertido sobre fallas estructurales en la respuesta del Estado Mexicano frente a las desapariciones.

Entre ellas menciona la ausencia de estrategias efectivas de búsqueda, retrasos en diligencias clave, limitaciones en el acceso a la información para las familias y falta de coordinación entre instituciones.

“Persisten fallas estructurales graves: ausencia de estrategias efectivas de búsqueda, retrasos en diligencias clave, limitaciones en el acceso a la información para las familias y una preocupante falta de coordinación institucional”, señala el documento.



La legisladora también citó datos del organismo internacional sobre la dimensión del fenómeno en México.

“De acuerdo con el informe más reciente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, México concentra el 37 por ciento de las acciones urgentes registradas a nivel global en el periodo analizado, con un total acumulado de 819 solicitudes de acción urgente”, indica.

Añade que tan sólo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 40 nuevas acciones urgentes relacionadas con desapariciones en el país.



Según el documento, varios de esos casos están vinculados con contextos de migración, violencia generalizada y posibles actos de colusión entre autoridades y grupos criminales.

La diputada también señaló que, en su carácter de ciudadana, iniciará el procedimiento de juicio político en contra de la titular de la CNDH ante el Congreso de la Unión.

“El pueblo de México y sus familias merecen recuperar su Comisión y la vigilancia irrestricta a sus derechos”, expone en el texto.



Ballesteros sostiene que la titular del organismo enfrenta además un conflicto de interés por su militancia política.

“Ante tales hechos es claro que el conflicto de interés, como militante de MORENA (el partido en el poder), y la falta de instalación del Consejo Ciudadano de la Comisión, le impide hacer su trabajo”, indica.

En el documento, la legisladora concluye que la renuncia de la titular de la CNDH es necesaria para restituir la legitimidad del organismo frente a la crisis de desapariciones.



“Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”, señala. La solicitud fue entregada formalmente en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Ciudad de México.