LAVIDA crea Agenda ciudadana con propuestas para diferentes niveles de Gobierno

En Veracruz existen “graves obstáculos” para el ejercicio efectivo del derecho a un ambiente sano, además de que no se consulta previamente a las poblaciones acerca de proyectos promovidos por el Estado en aras de un “aparente desarrollo”, pero en detrimento de los derechos de las poblaciones.

Se han promovido megaproyectos mineros, hidroeléctricos, industriales e inmobiliarios en la entidad que atentan contra los derechos humanos, atentan contra la integridad física de las personas que se oponen y atentan contra el derecho a un ambiente sano, al agua, al territorio, a la salud y una vida digna de los habitantes.

Los participantes de la Segunda Asamblea Estatal de Iniciativas y Defensa Ambiental, elaboraron la agenda ciudadana que incluye un diagnóstico sobre las problemáticas sociales y ambientales que se enfrentan.

Asimismo, plantearon soluciones y compromisos que se requieren impulsar desde los diferentes niveles de gobierno por parte de las autoridades en turno y de las que resulten electas.

Y señalaron que en la mayoría de los casos, los veracruzanos se enteran de los proyectos cuando ya han sido otorgadas las concesiones o los permisos.

Lamentaron que haya “opacidad” en las instituciones cuando se les exige información y una actuación lenta y negligente por parte de las autoridades para atender las denuncias ciudadanas relacionadas con afectaciones ambientales.

Señalaron que se ha subestimado la participación ciudadana para construir soluciones a diversas problemáticas, por ello en dicha Agenda Ciudadana contemplaron una serie de propuestas que deberán ser tomadas en cuenta por los diferentes niveles de gobierno en turno así como por los candidatos próximos a integrar el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal para construir soluciones de justicia socioambiental.

En materia del derecho a la información y la consulta:

Pidieron que se mejoren los mecanismos de consulta pública y el acceso de la ciudadanía a la información completa, veraz y oportuna para poder opinar y decidir sobre los proyectos que podrían afectar su vida cotidiana y; garantizar la ampliación y vigencia de los mecanismos de contraloría social.

Respecto a la minería tóxica metálica en Veracruz y en el país,

Misma que atenta contra la propia soberanía nacional, demandan:

El resolutivo negativo por parte de SEMARNAT de la MIA de explotación del proyecto minero Caballo Blanco.

La cancelación definitiva de los proyectos de minería tóxica en el estado de Veracruz; detener el otorgamiento de las concesiones de este tipo de minería en el estado y en país; derogar o reformar la Ley Minera para prohibir la minería tóxica.

También exigieron que todo el estado de Veracruz sea declarado como no apto para este tipo de minería; que los ordenamientos ecológico y territorial –a nivel comunitario/ejidal, municipal y estatal–; así como los planes de desarrollo excluyan la viabilidad de la minería tóxica en nuestro estado.

Respecto a los Proyectos Hidroeléctricos en Veracruz, demandaron:

Que se respeten los derechos de las poblaciones de Mixtla de Altamirano, Texhuacan y Zongolica, en particular el de acceso al agua en calidad y cantidad suficientes.

Que se garantice el respeto a la decisión de las poblaciones opositoras al proyecto hidroeléctrico el Naranjal y que se garantice la integridad física y moral de los defensores del Río Blanco.

Se rechace la modificación o levantamiento de la veda sobre el río La Antigua y se realicen o actualicen los estudios para determinar la disponibilidad de agua en esta cuenca.

“Nos oponemos a la implantación de un modelo energético al servicio de los intereses privados, pues debe protegerse el carácter estratégico nacional de esta industria en beneficio de todos”, enfatiza el comunicado de la organización.

Respecto de las granjas industriales de animales LAVIDA exige:

Que sean materia de competencia Federal por tratarse de confinamientos industriales de animales que generan residuos biológico-infecciosos de alto riesgo para la salud humana, por hacer un uso masivo de recursos hídricos y por la generación de gases de efecto invernadero.

Que por tratarse de industrias con una alta generación de residuos y un gran consumo de agua, deban contar con plantas propias de tratamiento de sus aguas residuales y deban pagar derechos de agua por el volumen extraído.

Que se revise la normatividad y legislación pecuaria nacional relativa a la sanidad y bienestar animal y ajustarla a la normatividad internacional.

Detener el otorgamiento de concesiones de agua para la industria por encima de las necesidades de las comunidades y ciudades para uso domestico y/o agrícola.

Que no se siga expandiendo la empresa Granjas Carroll de Mexico S. de R.L., en el Valle de Perote-particularmente en el municipio de Tepeyehualco-, pues debe respetarse el convenio de NO EXPANSIÓN firmado en 2007 entre autoridades, poblaciones y empresa.

Sobre el caso de la explosión de la fábrica ANAVERSA en Córdoba, Veracruz, demandan

La expropiación, demolición y confinamiento especial de los restos de las instalaciones de la empresa ANAVERSA, los cuales se encuentran en el abandono desde hace 21 años; y evitar por el bien común la reutilización del espacio ocupado por esta empresa sin estas medidas urgentes.

El reconocimiento oficial del accidente de ANAVERSA y de las víctimas humanas y naturales del mismo, considerando oportuno declarar el día 3 de mayo como un día de luto en el calendario oficial estatal para recordar a las víctimas, entre las cuales no sólo se encuentran los vecinos afectados sino también los paramédicos y Bomberos que atendieron a la población en ese momento.

Reforzar las medidas de seguridad de las empresas locales y los sistemas de auxilio a las víctimas de desastres asociados a la industria química e iniciar un control médico a las víctimas sobrevivientes del accidente.

En materia de Desarrollo Urbano en el estado de Veracruz, proponen y exigen:

Para el abasto de agua:

Una democratización de la gestión de los recursos hídricos así como una distribución equitativa del agua con tarifas justas cuya base sólo sea el volumen consumido; se oponen a que se represen ríos y se realicen obras de infraestructura y bombeo para abastecer a ciudades a través de trasvases de cuencas y con altos costos energéticos.

Proponen también que se restauren y protejan las cuencas abastecedoras de las ciudades, mediante una compensación por los servicios ambientales que prestan los dueños de las tierras.

Que se promueva el uso racional del agua, el reúso de aguas residuales y la captación de agua de lluvia, que ésta se vuelva obligatoria para nuevas construcciones y desarrollo inmobiliarios.

Así también la identificación, saneamiento, protección y aprovechamiento de fuentes de agua ya existentes.

Para el ordenamiento ecológico

Que las zonas conurbadas y los municipios donde se ubican las grandes ciudades cuenten con ordenamientos ecológicos del territorio y los planes de desarrollo urbano deben sujetarse a éstos.

Que se restablezca la Dirección de Ordenamiento Urbano, ya que en la actualidad el Instituto de la Vivienda está impulsando la construcción de fraccionamientos en vez de regular su crecimiento.

Exigen el respeto irrestricto de las áreas naturales protegidas, públicas o privadas; difundir su status legal y dotarlas de un sistema de administración, vigilancia y actividades culturales y recreativas.

Que se libere a las ciudades de la circulación de autos particulares en las zonas críticas, impulsando ciclovías y programas de estacionamientos para no ocupar los espacios de circulación.

Y finalmente, proteger y salvaguardar las zonas de arrecifes y humedales ante la creciente expansión de las ciudades y desarrollo de megaproyectos, pues se debe privilegiar la seguridad de los habitantes.