Le embargaron dos propiedades, en Córdoba; culpa al “cártel inmobiliario”

Un arquitecto con más de dos décadas de trayectoria en Córdoba denunció que enfrenta el embargo de su casa y un terreno por una supuesta deuda de 1.3 millones de pesos derivada de dos pagarés que asegura jamás firmó y de personas a las que dice no conocer. Tras conocer los casos que han salido a la luz en Xalapa, afirmó que encontró coincidencias con los nombres que han sido señalados por presuntas víctimas del llamado “cártel inmobiliario”, por lo que decidió sumarse al movimiento para exigir la intervención del Gobierno del Estado.

Se trata de Carlos Alberto Murillo Hernández, quien relató que el problema comenzó en 2022, cuando personal de la Fiscalía de Córdoba acudió a su domicilio acompañado de un hombre identificado como Rafael Contreras Salazar, quien le mostró documentación con la que pretendía cobrarle dos pagarés, uno por 600 mil pesos y otro por 700 mil pesos. “Yo desconocía totalmente esos pagarés. Nunca he firmado documentos por esas cantidades y no conozco ni a Lucrecia Romero ni a Rafael Contreras Salazar”, afirmó.

De acuerdo con la documentación presentada por el afectado, ya interpuso una denuncia penal por los presuntos delitos de falsificación de documentos, falsedad ante la autoridad, fraude procesal y uso de documento falso, entre otros, en contra de Lucrecia Romero Sánchez, Rafael Contreras Salazar y quien resulte responsable.



En la denuncia se establece que los juicios ejecutivos mercantiles fueron promovidos por Rafael Contreras Salazar como endosatario en propiedad de Lucrecia Romero Sánchez, reclamando supuestos adeudos por 600 mil y 700 mil pesos, respectivamente. Murillo Hernández explicó que actualmente enfrenta el embargo de dos bienes de su propiedad: la vivienda donde habita con su familia y un terreno, ambos ubicados en Córdoba. “Ya salió la notificación donde estoy embargado. Estamos en el último intento para rescatar mis propiedades y por eso ratificamos la denuncia”, señaló.

Aunque los inmuebles se encuentran en Córdoba, explicó que ambos procedimientos fueron radicados en juzgados de Xalapa, situación que dijo desconocer y que considera irregular. “Los separaron en dos juzgados diferentes. Uno quedó en el Segundo y otro en el Cuarto. No sé con qué intención hicieron eso”, comentó.

El arquitecto aseguró que durante estos cuatro años ha tenido que cambiar de abogado en tres ocasiones, pues, según dijo, algunos dejaron de responderle y posteriormente descubrió modificaciones en los domicilios donde debían realizarse las notificaciones. “Me di cuenta de que incluso hubo cambios en mis domicilios para notificaciones sin que yo supiera. Ese fue el proceso que hizo que prácticamente perdiera los casos”, denunció.



Añadió que incluso existen firmas que, asegura, fueron falsificadas para modificar esos domicilios procesales. “Ellos mismos falsificaron firmas mías ante los juzgados para cambiar mis lugares de notificación. Por eso no pude contestar en tiempo y terminé perdiendo los procedimientos”, sostuvo.

Murillo Hernández explicó que fue al conocer públicamente otros casos relacionados con el presunto “cártel inmobiliario” cuando detectó que uno de los nombres coincidía con el de la persona que promueve los juicios en su contra. “Cuando salieron las noticias del cártel inmobiliario me sorprendió ver repetido el nombre de Rafael Contreras Salazar. Con mi abogada vimos que existe un vínculo con lo que se está mencionando en Xalapa y creemos que efectivamente tiene algo que ver”, expresó.

Por ello anunció que se integrará al grupo de afectados que busca dialogar con las autoridades estatales para exponer sus casos. “Claro que me voy a integrar. Queremos que nos volteen a ver y nos apoyen, porque cuesta muchísimo formar un patrimonio para perderlo en un abrir y cerrar de ojos”, indicó.



Además del daño patrimonial, afirmó que el proceso le ha generado afectaciones emocionales y psicológicas debido al temor permanente de ser desalojado de su vivienda. “Todos los días existe el miedo de que llegue una orden de un juez y nos saquen de nuestra casa. Psicológicamente sí pega mucho ver que eso puede pasar en cualquier momento”, manifestó.

Finalmente hizo un llamado directo a la gobernadora Rocío Nahle García para que revise su caso y los de las demás familias que, aseguró, enfrentan situaciones similares. “Le pido a la gobernadora que nos apoye, que vea las inconsistencias que existen en nuestros expedientes y que se haga justicia. Hoy fui yo, pero cada vez hay más personas que se siguen sumando. Si esto no se detiene, seguirá creciendo”, concluyó.