Le vaciaron su casa en Xalapa; pese a pruebas, caso no avanza en Fiscalía, denuncian

Meses antes de que una residencia del Fraccionamiento Bosque de Niebla fuera vaciada con camiones de mudanza en pleno día, el abogado de la propietaria, Roly Domínguez Romero, recorría la vivienda acompañado de su esposa y de sus hijos.

Según relata la víctima en las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), durante una de esas visitas, la niña preguntaba cuál sería su recámara y cuándo se mudarían a esa casa. La compraventa nunca se concretó, porque no hubo acuerdo en precio y forma de pago.

Hoy, esa misma vivienda es el centro de una investigación que, pese a contar con bitácoras oficiales, placas vehiculares, nombres, audios, identificaciones y diversos documentos aportados por la denunciante, permanece sin resultados visibles a más de un mes de los hechos.

Para Karla Paola Zamudio Buzo, la verdadera interrogante es por qué la Fiscalía aún no actúa con la contundencia que exige un expediente que, asegura, contiene elementos suficientes para avanzar en la investigación.

Y es que, el 25 de mayo de 2026, la bitácora oficial del fraccionamiento Bosque de Niebla registró el ingreso de varias personas y vehículos de carga a la vivienda ubicada en Paseo de los Helechos número 3. La anotación realizada por el personal de vigilancia en la libreta de registro fue: “Desalojo de casa”.

Durante aproximadamente 3 horas y media fueron retirados todos los bienes del inmueble. Ese mismo día quedaron registradas 2 llamadas al número de emergencias 911, realizadas por Antonio Selem, padre de la hija de la denunciante quien al llegar a la vivienda se encontró con 2 personas adentro, quienes al parecer pretendían apoderarse de la casa, ellos, al verlo llegar y después de hacerse de reclamos y palabras altisonantes, lo golpearon con barrotes y huyeron.

Él acudió a la Fiscalía a poner la denuncia el mismo día 25 de mayo y días después al regreso a Xalapa tras unos días fuera de la ciudad, Karla Zamudio rindió la ampliación y datos complementarios. Las víctimas sostienen que jamás existió una orden judicial que autorizara el desalojo de la vivienda.

La bitácora, que forma parte de la carpeta de investigación 1583/2026, contiene nombres de personas, placas de vehículos y horarios precisos de ingreso y salida. A ello se suman audios, identificaciones de quienes participaron, avalúos de los bienes sustraídos y diversa documentación entregada a la Fiscalía. Pese a ello, los bienes no han sido recuperados.

Uno de los aspectos que las víctimas consideran fundamentales para entender el caso es la relación entre las personas que, aseguran, participaron en distintas etapas del conflicto.

Antonio Selem y Karla Zamudio sostienen que fue el notario Eugenio Vázquez Muñoz, titular de la Notaría número 27 de Xalapa, quien recomendó a Roly Domínguez como un abogado confiable para atender un asunto legal que enfrentaba la propietaria. Esa recomendación, afirman, fue determinante para confiar en él, ya que confiaban en la recomendación de su amigo.

Con el paso del tiempo, descubrieron que Roly Domínguez trabajaba de manera coordinada con Isaac Contreras y fue Roly quien recomendó al velador Armando Contreras (primo de Isaac), para que laborara en la casa y se quedara al “cuidado de ella”.

Según la bitácora del fraccionamiento, Armando se encontraba en funciones el día en que fueron retirados los bienes de la vivienda y fue quien “autorizó” el ingreso de los camiones de mudanzas y de todo el personal que acudió para las labores de carga. Después de esos hechos, Armando Contreras dejó de presentarse a trabajar y, según las denuncias, se retiró junto con Isaac Contreras.

Para Antonio Selem, esa cadena de relaciones constituye una línea de investigación que la Fiscalía no puede ignorar. Las víctimas sostienen que tanto Roly Domínguez como Isaac Contreras conocían perfectamente la residencia mucho antes del operativo del 25 de mayo.

Afirman que Armando, el velador, acudía con frecuencia acompañado de su madre, su pareja sentimental y otros familiares. Incluso, señalan que tanto su madre como su pareja fueron contratadas para labores domesticas dentro del inmueble, por lo que tuvieron acceso a todas las habitaciones y conocían la ubicación de los bienes que posteriormente fueron retirados.

Para Antonio Selem, ese dato cobra especial relevancia porque quienes participaron en el operativo parecían conocer con precisión la distribución de la vivienda y la ubicación de los objetos de valor.

Las denuncias también describen un episodio que, visto en retrospectiva, hoy adquiere otro significado. Según las víctimas, Roly Domínguez manifestó interés en adquirir la propiedad.

Acudió en al menos 2 ocasiones acompañado por su esposa, un hijo y una hija, ambos de aproximadamente entre 10 y 13 años de edad. Durante una de esas visitas, recuerdan, la menor recorría la vivienda mientras preguntaba cuál sería su habitación y cuándo se mudarían a la casa. La operación nunca se concretó, porque no llegaron a un acuerdo en el precio y forma de pago.

En cambio, afirman las víctimas, Roly Domínguez pidió a Karla Zamudio firmar un pagaré por el valor total del inmueble a nombre de un tercero, además de un contrato de prestación de servicios con condiciones que consideró desproporcionadas y fuera de todo contexto comercial.

Ninguno de esos documentos fue firmado, pero Roly insistía en comprar la casa, aunque ofrecía pagar en efectivo menos del 5 por ciento del valor total del inmueble.

También fue denunciado que posterior al robo, la Notaría número 27 a cargo de Eugenio Vásquez Muñoz, promovió un aviso preventivo de una dación en pago que, según Karla Zamudio, nunca firmó ni autorizó. Durante el tiempo que la relación cliente-profesionista existió, Roly mencionó en innumerables ocasiones que estaba haciendo grandes negocios con Eugenio y que por ello ello el notario no le negaría nada que le pidiera, sostuvieron los entrevistados.

De los datos más reveladores sobre las múltiples inconsistencias, se señala que al otro día del robo, Antonio Selem le llama por teléfono a Roly Domínguez para solicitarle que devolvieran las cosas y le advirtió que estaban cometiendo un delito federal, ya que entre los bienes sustraídos de la vivienda, también se encontraba un arma de fuego legalmente registrada ante la SEDENA. Al día siguiente de esta llamada, el arma fue “sembrada ” en el jardín, lo que a decir de las víctimas, demuestra que quien la devolvió tenía comunicación directa con quienes participaron en el operativo y conocía el paradero de los bienes, además de que también quedó claro que los ladrones cuentan con todas las facilidades para ingresar y salir del fraccionamiento.

“También demuestra que el autor sabía que era un delito federal y teme a la autoridad federal pero no a la estatal”, expusieron. Para Antonio Selem, no ha habido una pronta respuesta ni imposición de medidas cautelares que preserven los bienes y la posible fuga de los presuntos culpables .

En la carpeta de investigación existen todos los elementos para que los presuntos culpables sean citados a rendir su testimonio. Las víctimas consideran indispensable llamar a declarar a todas las personas registradas en la bitácora del fraccionamiento; rastrear mediante las cámaras del C5 el recorrido de los vehículos de carga cuyas placas fueron registradas; investigar el destino de los bienes; revisar las actuaciones notariales cuestionadas y cruzar este expediente con otras denuncias que pudieran revelar un mismo patrón de actuación.

Nada de ello requiere recursos extraordinarios, requiere voluntad para investigar, señalaron al agregar que confían en el interés que la Gobernadora ha tomado en los asuntos de despojo y en las instrucciones giradas a las dependencias correspondientes .

No obstante, la preocupación de los denunciantes es que estas buenas intenciones de la máxima autoridad estatal se estén contrarrestando por la red de complicidades que existen en las estructuras gubernamentales y en algunas notarías que son protegidas por las autoridades .

Y es que, otras familias afectadas ya han manifestado que los mismos integrantes del “Cartel inmboliario” son recibidos en la Fiscalía y en los juzgados y alternan amigablemente con jueces y fiscales ante la indignación de los ofendidos.

Al mencionar que la presunción de inocencia protege a todas las personas señaladas en este caso y será la autoridad la que determine, mediante una investigación objetiva, si existe o no responsabilidad penal. Pero esa misma obligación constitucional también exige que las denuncias sustentadas con pruebas sean investigadas con diligencia, aseguraron.

Mientras tanto, ya ha transcurrido más de un mes desde el día del robo y los bienes continúan desaparecidos, las personas señaladas por las víctimas no han enfrentado, hasta ahora, consecuencias públicas derivadas de la carpeta de investigación y no hay justicia para los afectados.

La Fiscalía cuenta con bitácoras oficiales, placas, nombres, audios, identificaciones y documentos desde el primer día, pero la investigación continúa sin ofrecer respuestas. Esta, es una más de las denuncias en contra de los mismos señalados en diversas carpetas, la cual, al igual que las anteriores, no prospera.

Y mientras las denuncias aumentan, el denominado cartel inmobiliario continúa con los despojos de viviendas en Xalapa y municipios aledaños, ya que apenas 2 semanas atrás, el mismo modus operandi se registró en una casa del centro de la ciudad, donde los mismos acusados: Roly Domínguez Romero, Miguel Isaac Contreras Gómez Gill, Pedro Damián Atilano Cruz, Miriam Ceballos Ruiz, operaron con total impunidad y sin que la autoridad actuara en su contra.