Lentitud, retrasos, licitaciones fallidas y asignación directa en la obra pública para 2025

El arranque de la obra pública en el gobierno de Rocío Nahle García avanza con lentitud, a ocho meses del inicio de su administración. Aunque en enero el Congreso aprobó la nueva Ley de Obras Públicas que concentra en la SIOP, encabezada por el ingeniero químico Leonardo Cornejo Serrano, el control total de los proyectos estatales, varios fallos de licitación siguen pendientes.

A inicios de este mes de julio la gobernadora Rocío Nahle, pidió a su Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas apurar los fallos pendientes para comenzar las obras prioritarias del arranque de su sexenio: “el 9 de julio le di de plazo para que suelten todos los fallos. Ya fue mucho tiempo y necesito que empiecen las maquinarias a trabajar en el norte, en el sur, en el centro en los que ya autoricé”, dijo la Mandataria en su conferencia de prensa del 7 de julio.

A paso lento

Desde enero se han lanzado más de 30 procedimientos de contratación para rehabilitar caminos, modernizar carreteras y construir escuelas, aunque la mayoría de las obras aún no inicia físicamente. Datos obtenidos por transparencia revelan que al cierre de la primera semana de julio sólo se han adjudicado de forma definitiva una veintena de contratos, tanto de procedimientos federales como estatales.

Además, los expedientes revisados muestran que al menos cinco procedimientos fueron cancelados y otros seis están pendientes de fallo. De los contratos formalizados, una decena ha comenzado trabajos, y en algunos casos con semanas de retraso respecto a la fecha pactada.

De los más de 30 procesos de contratación de obra pública estatal se han realizado dos adjudicaciones directas por contingencia, y otros se resolvieron sin competencia efectiva, al registrarse solo una propuesta válida.

Adjudicaciones directas

En el tramo carretero Las Matas, ubicado entre Coatzacoalcos y Minatitlán, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) adjudicó directamente un contrato por 63 millones 951 mil pesos a Consorcio Constructor Castillo & Olivo.

“Se declaró la necesidad de intervención inmediata”, indica el dictamen de justificación, el cual también señala que “los trabajos comenzaron incluso antes de formalizar el contrato”, firmado el 20 de marzo de 2025.

Una situación similar se registró en la rehabilitación del bulevar Manuel Ávila Camacho en Boca del Río. La obra, con un costo aproximado de 50 millones de pesos, fue otorgada sin licitación a Construcciones y Desarrollo Macón, empresa que ya laboraba en el sitio desde diciembre de 2024. “El contrato se celebró tres meses después de iniciados los trabajos”, estableció el dictamen de adjudicación directa.

Cancelaciones

Entre los procedimientos cancelados destacan al menos cinco licitaciones que fueron anuladas antes de su fallo, ya sea por falta de propuestas solventes, desinterés de las empresas invitadas o causas de fuerza mayor.

Tal es el caso de la invitación INV-004-2025, relacionada con la construcción de aulas en Poza Rica, y la licitación LPE-002-2025, para la construcción del camino Motzorongo – Tezonapa, ambas canceladas tras no reunir condiciones mínimas de competencia.

Cabe señalar que estos procesos frustrados no sólo retrasan la ejecución de obra, sino que pueden implicar costos administrativos.