Un tribunal federal revocó la acusación de peculado contra Tomás José Ruiz González y Gabriel De Antes Ramos, exsecretario y exsubsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte presuntamente responsables del manejo irregular de más de 2 mil 38 millones de pesos.
Lo anterior al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó el delito en el proceso penal 166/2022.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito concluyó que el auto de vinculación dictado el 13 de febrero de 2024 “carece de la debida fundamentación y motivación”.
De acuerdo con los magistrados el Juez de Control “sólo se limitó a analizar el resultado de lo expuesto por la Fiscalía, sin realizar el análisis individual de cada uno de los datos de prueba”.
Acusación
De acuerdo con la FGR, los exfuncionarios “durante el ejercicio fiscal 2013 ocuparon el cargo de Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz” y tuvieron bajo su administración “recursos públicos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas del Ejercicio Fiscal 2013”.
La fiscalía sostuvo que a través de 12 cuentas por liquidar certificadas emitidas por la Tesorería de la Federación se transfirieron a Veracruz 2 mil 38 millones 610 mil 907 pesos. Dichos recursos fueron depositados en una cuenta específica en Banamex a nombre del Gobierno del Estado bajo la denominación “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013)”.
Según la acusación, mediante 17 transferencias bancarias SPEI realizadas entre el 31 de enero y el 18 de diciembre de 2013, “se distrajo un total de dos mil treinta y siete millones quinientos mil pesos del recurso público federal”, monto que la FGR atribuyó a las decisiones de los exfuncionarios.
En las constancias se integró la declaración del extesorero de la SEFIPLAN, Tarek Abdalá Saad, testigo colaborador de la FGR, quien afirmó: “En la realidad es que sí es indebido que recursos federales etiquetados se desvíen a una cuenta concentradora o licuadora para un fin de Gobierno diverso al que fueron destinados”.
Ese mismo testigo señaló que esta práctica “era conocida por todos mis superiores jerárquicos en la Secretaría de Finanzas y Planeación, por supuesto, incluyendo al gobernador (Javier Duarte), en la mayoría de las veces lo instruía directamente”.
Revocan vinculación
Los magistrados resolvieron por unanimidad de votos revocar la vinculación a proceso y ordenaron al juez de control dejarla sin efectos.
Además, instruyeron que se cite a una nueva audiencia “donde vuelva a señalar fecha y hora para resolver la situación jurídica de los quejosos”, previa reproducción íntegra del audio y video de la imputación.
Asimismo, el tribunal declaró “infundada la revisión adhesiva interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación”, que pretendía mantener la resolución de primera instancia.
La determinación fue tomada por los magistrados María Elena Leguízamo Ferrer y Antonio Soto Martínez, junto con el secretario Ricardo Reyes González en funciones de magistrado.
La resolución dejó a la FGR la posibilidad de volver a formular acusación si presenta nuevos datos de prueba. El Ministerio Público puede ejercer esa facultad o dar por concluido uno de los casos de desvío de recursos más relevantes de la gestión de Javier Duarte.