Líder de Verificentros libró caso en su contra por ultrajes

Gerardo Silvestre Bello González, abogado defensor del representante de los concesionarios de verificentros del Estado de Veracruz, Eduardo Mario Casares Sort de Sans, agradeció la decisión del juez de Pacho Viejo, quien este martes sobreseyó la acusación penal que sobre él mantenía la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de "ultrajes a la autoridad".

Y es que pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional este tipo penal de la Ley Punitiva veracruzana, la instancia ministerial insistía en que se siguiera el juicio, toda vez que el Congreso local no ha sesionado para derogarlo y por tanto, no ha sido publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

"El argumento de la FGE es un argumento jurídico válido porque efectivamente en virtud de que no se ha publicado la derogación del delito, éste sigue vigente; pero es un hecho notorio, público y conocido que la SCJN ya lo declaró inválido, el Juez declaró como procedente el sobreseimiento y no ha lugar s continuar con este proceso", expresó Bello González en entrevista telefónica.



El litigante reiteró que en virtud de que el ilícito fue invalidado, se le solicitó al juez que decretara el sobreseimiento del proceso penal al cual fue sometido Casares Sort de Sans luego de ser detenido por elementos policiacos durante una manifestación que encabezó el 16 de marzo del año pasado, tras la manifestación en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).

Ese día, él y otros de sus homólogos mostraron su desacuerdo con las nuevas directrices de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de cobrar la verificación vehicular a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), además de otras inconformidades al respecto.

Si bien en ese entonces la FGE pidió como medida cautelar la prisión preventiva justificada, el togado decidió no aplicarla, sino que le impuso una garantía económica y la firma periódica cada 30 días, pudiendo seguir su proceso en libertad; el cual fue desestimado ayer pero que pudiera apelarse por parte de la Fiscalía.



"Como esa resolución de la SCJN es inatacable, es inminente que de un momento a otro el Congreso va a tener que sesionar y posteriormente publicar la derogación del delito", consideró al recordar que los diputados siguen en desacato, lo que podría hacer que el máximo Tribunal Constitucional del país los requiera y en su caso, por el incumplimiento, les inicie un procedimiento hasta de tipo penal.

"En unos días más la SCJN lo va a requerir del cumplimiento de ese ordenamiento y lo va a hacer con un apercibimiento al Congreso, que puede ser de una sanción económica o puede ser inclusive porque la Suprema Corte tiene esa facultad de iniciar un juicio de acciones que finalmente van a derivar en la fincación de responsabilidad penal a quienes tienen la obligación de dar cumplimiento a esa resolución", refrendó el abogado.