El reciente caso de un trabajador municipal encarcelado por error en Veracruz generó un nuevo llamado a denunciar las malas prácticas dentro del sistema de justicia.
Arturo Soto Medina permaneció cuatro meses en prisión preventiva acusado de secuestro agravado, a pesar de que su defensa demostró que se trataba de una homonimia y que al momento del delito él se encontraba en otro lugar.
Al respecto, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa explicó que las autoridades no actuaron con la diligencia debida, ya que tenían la obligación de verificar la identidad del detenido antes de mantenerlo privado de la libertad.
Señaló que existen herramientas oficiales, como los registros del Instituto Nacional Electoral, que permiten aclarar este tipo de confusiones de manera oportuna.
Para el litigante, el caso representa una violación grave a la presunción de inocencia, pues se ignoraron pruebas claras que favorecían al trabajador municipal.
También sostuvo que existe responsabilidad directa tanto de la Fiscalía como del juez que permitió que la prisión preventiva se prolongara sin justificación suficiente.
Finalmente, Mundo Arriasa advirtió que mientras no se sancione a los servidores públicos que incurren en estos abusos, el Estado seguirá siendo corresponsable de violaciones a los derechos humanos.