El alcalde de MC de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, acudió este jueves al Congreso de Veracruz para la audiencia de pruebas y alegatos dentro del procedimiento promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) para retirarle el fuero constitucional.
El presidente municipal ingresó al Palacio Legislativo acompañado de sus abogados y se dirigió al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, donde fue citado por la Comisión Instructora para responder a los señalamientos formulados en su contra.
Durante su llegada, reporteros le plantearon las versiones sobre su ausencia del municipio. “Se había dicho que usted ya no estaba en su municipio despachando, que se había fugado”, le señalaron.
Bravo Montero únicamente se rió y continuó su camino hacia el auditorio. No aclaró si permanecía al frente del Ayuntamiento ni respondió a las versiones sobre una posible fuga.
El Alcalde tampoco ofreció declaraciones sobre la investigación de la Fiscalía, la solicitud de desafuero ni los argumentos que presentaría durante la audiencia ante los diputados locales.
Acusación de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso retirar la inmunidad procesal a Bravo Montero por su posible relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López.
Ambos fueron vistos por última vez el 14 de mayo, después de acudir al domicilio del presidente municipal, ubicado en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.
De acuerdo con la investigación presentada al Congreso, antes del encuentro Ramos Sánchez informó a su pareja que el alcalde lo había citado para presentarle a una persona identificada como jefe de plaza.
La Fiscalía sostiene que cámaras de seguridad registraron la llegada de la camioneta en la que viajaban el empresario y su escolta, pero no existe evidencia de que las víctimas o el vehículo hayan salido del inmueble.
Los registros telefónicos incorporados a la investigación ubican los celulares de Ramos Sánchez, López y Bravo Montero en la misma zona durante aproximadamente 3 horas.
El expediente también contiene el testimonio de un familiar, quien afirmó que el presidente municipal le solicitó la factura de la camioneta días después de la desaparición.
Bravo Montero había sido notificado del procedimiento legislativo y sus abogados presentaron previamente los documentos, pruebas y argumentos con los que buscan responder a la solicitud de declaración de procedencia.
Durante la audiencia de este jueves, el alcalde y su defensa podrán ampliar sus alegatos, responder a los señalamientos de la Fiscalía y exponer los elementos que consideren necesarios para conservar la protección constitucional.
Posible desafuero
Una vez concluida la diligencia, la Comisión Instructora deberá analizar las pruebas y elaborar un dictamen para determinar si propone al Pleno del Congreso retirar el fuero al presidente municipal.
La comisión no resolverá si Bravo Montero es responsable de la desaparición del empresario y su escolta. El procedimiento se limita a determinar si debe conservar la inmunidad procesal derivada de su cargo.
En caso de que el Pleno apruebe el desafuero, la Fiscalía podrá proceder penalmente contra el alcalde sin la protección constitucional. La resolución no implicaría una declaración de culpabilidad.