Luis Fernando Reyes niega ser apoderado legal de Cajas Graf, como afirma periodista

El secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Luis Fernando Reyes Rocha, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue quién registró un poder notarial a su nombre que lo identifica como apoderado legal de Cajas Graf, S.A. de C.V., empresa proveedora de material electoral involucrada en la polémica nacional por sus contratos millonarios con órganos electorales.
El funcionario aseguró que desconocía la existencia del instrumento, cuyo registro corresponde a 2021 y que habría sido revocado en 2022. Sostuvo que nunca lo firmó ni utilizó para representar a la compañía en procedimientos de contratación, por lo que pidió investigar si se trata de una persona con el mismo nombre o si alguien utilizó sus datos sin su consentimiento, incurriendo en suplantación de identidad.
La denuncia fue presentada este lunes 26 de octubre de 2026 en Xalapa, contra quien resulte responsable. En ella, Reyes Rocha solicita investigar las circunstancias en que se formalizó el instrumento notarial y determinar si su identidad fue utilizada sin autorización. “Yo no puedo permitir que este asunto quede así y por eso es que presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la República”, afirmó durante entrevista.
El Secretario Ejecutivo relató que se enteró del caso el sábado 24 de octubre, cuando un periodista publicó en la plataforma X que tenía un poder legal relacionado con Cajas Graf. A partir de esa información, dijo, comenzó a buscar los registros correspondientes en la Secretaría de Economía y encontró un instrumento a nombre de Luis Fernando Reyes Rocha.
“En la Secretaría de Economía aparece un registro a nombre de una persona que se llama Luis Fernando Reyes Rocha. Aparece, es mi nombre, como apoderado legal, no como representante, como otorgamiento de un poder para actos de administración por Cajas Graf”, expuso.
De acuerdo con su explicación, el documento habría sido registrado en 2021 y revocado en 2022. Reyes Rocha señaló que en ese periodo se encontraba trabajando en la administración pública, concretamente en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Aunque reconoció que el nombre que aparece en el registro coincide con el suyo, sostuvo que no puede asegurar todavía que se refiera a su persona. “Ante estos hechos que yo no sé y desconozco en este momento si se refiere a mi persona o a alguna homonimia, yo no puedo permitir que este asunto quede así”, reiteró.
Aseguró que nunca acudió a una notaría para firmar el instrumento ni recibió una notificación para hacerlo. Por ello, explicó que su denuncia busca que las autoridades determinen quién solicitó el poder, qué documentos se presentaron y si el registro corresponde efectivamente al funcionario.
La denuncia se dirige contra quien resulte responsable e incluye la solicitud de diligencias ante la Secretaría de Economía. Según detalló, también tendría que requerirse información a la empresa que aparece como otorgante y a la notaría que intervino para identificar quién realizó el trámite. “Yo supondría que el notario también tendría que dar cuenta de quién lo pidió, cómo lo pidió”, señaló.
Explicó que, desde su perspectiva, la existencia de un poder no demuestra por sí misma que la persona señalada lo haya utilizado. Sostuvo que la aceptación se materializa cuando el apoderado ejerce las facultades conferidas y afirmó que nunca intervino en procedimientos administrativos o licitatorios en nombre de Cajas Graf. “Yo nunca he estado en ningún proceso administrativo licitatorio representando a esa empresa que refieren”, declaró.
Por ello, negó categóricamente mantener una relación comercial con la compañía y rechazó que el registro del poder demuestre que haya participado en contrataciones electorales.

Niega contratos con las empresas señaladas
El Secretario Ejecutivo sostuvo que, desde que asumió el cargo en enero de 2023, el OPLE de Veracruz no ha adjudicado contratos a Cajas Graf ni a las demás empresas mencionadas en las publicaciones sobre las contrataciones de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). “Desde que yo tomé protesta en enero del 2023 hacia acá, nunca se ha adjudicado a ninguna empresa de las que están relacionadas en los medios de comunicación con el tema del INE en este OPLE de Veracruz”, afirmó.
Dijo que los procedimientos de contratación pueden consultarse en los registros de transparencia y ofreció proporcionar los contratos para respaldar su versión. Como ejemplo, detalló que durante los procesos electorales de gubernatura y diputaciones de 2023 y 2024, el material electoral fue adjudicado a Litho Formas SA de CV mediante una licitación pública nacional. Añadió que la misma empresa obtuvo la adjudicación para las elecciones de ayuntamientos y del Poder Judicial más recientes.

Explicó que las convocatorias se publicaron en diarios de circulación nacional y estatal, así como en la gaceta correspondiente, con el propósito de dar publicidad a los procedimientos. “En el proceso de la gubernatura y de las diputaciones se adjudicó por licitación pública nacional (…) y nosotros adjudicamos en este caso la empresa que ganó la licitación pública nacional es Litho Formas en el 2023-24”, expuso.

Agregó que para las elecciones de ayuntamientos y del Poder Judicial se volvió a adjudicar el contrato a esa empresa, por lo que negó que su administración haya contratado a Cajas Graf o a las compañías señaladas en la polémica nacional.

Sin embargo, reconoció que Cajas Graf y Corporativo Zeg sí aparecen en los antecedentes de contratación del organismo, aunque aclaró que corresponden a otras administraciones y otros años. “Sí, están los históricos, están en transparencia, en otras administraciones y en otros años”, respondió al ser cuestionado sobre si esas empresas habían recibido contratos del OPLE de Veracruz.

El funcionario también sostuvo que algunas de las compañías mencionadas ni siquiera participaron en los procesos licitatorios de la actual administración. Insistió en que los antecedentes de contratación pueden revisarse públicamente para determinar en qué periodos se realizaron las adjudicaciones.

Pide auditorías a la ASF y al ORFIS
Ante los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos en las contrataciones electorales, Reyes Rocha respaldó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las operaciones de los organismos electorales y que las autoridades estatales hagan lo propio.
Recordó que el viernes 23 de octubre se dio a conocer que la ASF realizaría trabajos relacionados con posibles indicios de conflictos de interés o manejo de recursos entre empresas vinculadas con instituciones electorales. Consideró necesario que esas revisiones se lleven a cabo para determinar si existen irregularidades. “Yo celebro mucho que sea la Auditoría Superior de la Federación quien venga, nos audite y verifique una autoridad imparcial y legal si realmente existe un conflicto de interés o no”, manifestó.

También pidió que el Estado participe en la fiscalización y que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) revise las operaciones que correspondan, incluidas las adjudicaciones realizadas en administraciones anteriores. “Bienvenidas las auditorías para eso, porque eso va a dar certeza y credibilidad a la ciudadanía”. Sostuvo que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido notificación alguna de la ASF ni de otra autoridad relacionada con los señalamientos en su contra. “No, ninguna notificación”, respondió al preguntársele si alguna instancia le había requerido información o le había comunicado el inicio de una investigación.
Reyes Rocha consideró que la revisión de los contratos y de las operaciones financieras permitiría establecer si existe algún conflicto de interés y ofrecer certeza sobre la actuación de los organismos electorales.

Rechaza señalamientos por peculado y supuestas investigaciones de la UIF
Luis Fernando también respondió a publicaciones que, según dijo, lo señalan por presunto peculado, por supuestas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por la posesión de vehículos de lujo. Cuestionó que se le atribuya una investigación por peculado sin que, aseguró, se identifique el número de la carpeta correspondiente. Asimismo, rechazó que las versiones sobre una supuesta investigación de la UIF estén correctamente sustentadas. “¿Cuál es la carpeta de investigación, el número de carpeta de investigación que hay en contra mía de peculado?”, cuestionó a los periodistas que a su decir, replicaron información falsa.

Sobre la UIF, sostuvo que sus funciones son de carácter administrativo y que sus análisis pueden aportar información a las autoridades investigadoras cuando existen elementos que ameriten una indagatoria. Por ello, consideró incorrecto presentar cualquier revisión o análisis financiero como prueba de que una persona está siendo investigada penalmente. Reyes Rocha afirmó que entiende el interés periodístico en el tema, pero pidió que los señalamientos se acompañen de documentos y datos verificables.

Acusa presuntos ofrecimientos a periodistas
Durante la entrevista, el funcionario afirmó que considera que existe una campaña para desacreditarlo y sostuvo que tiene conocimiento de presuntos ofrecimientos económicos a periodistas para publicar información relacionada con el caso. Según su versión, tuvo acceso previo a algunas de las notas que se difundieron y esa circunstancia le permitió identificar un posible patrón en las publicaciones. “Claro que estoy enterado de que ha habido temas de ofrecimientos económicos a algunos compañeros del gremio, no todos, afortunadamente”, declaró.

Aseguró que había conocido algunas de las publicaciones antes de que fueran difundidas y sostuvo que, a su juicio, forman parte de una estrategia para desprestigiarlo. “Yo conozco muy bien el medio, sé las condiciones de mis compañeros del medio, porque lo sé, lo conozco, lo viví en la comisión de periodistas”, dijo al referirse al pago de notas para que se publicaran de manera íntegra a cómo eran otorgadas a los periodistas. “Yo entendería esa parte”, agregó sobre los ofrecimientos económicos a los comunicadores. “Por eso yo celebro mucho que sea la Auditoría Superior de la Federación quien venga, nos audite y verifique una autoridad imparcial y legal si realmente existe un conflicto de interés o no”, insistió.
Atribuyó esas presuntas acciones a un grupo empresarial relacionado con los contratos del INE y consideró que los señalamientos no se limitan a Veracruz, pues dijo haber visto publicaciones sobre titulares, consejeros y secretarios ejecutivos de otros organismos públicos locales electorales.
A su juicio, las auditorías permitirían esclarecer si existe algún conflicto de interés y separar los hechos comprobables de las versiones difundidas en medios de comunicación. También sostuvo que no pretende emprender acciones legales contra periodistas ni censurar las publicaciones sobre su actuación. “No, jamás”, respondió cuando se le preguntó si actuaría contra los medios que difundieron información supuestamente falsa sobre el caso.
Explicó que, en algunos procedimientos relacionados con comisiones electorales, su función como representante legal consiste en notificar escritos, pero afirmó que eso no significa que busque limitar la libertad de expresión. En este sentido, el funcionario electoral pidió que quienes publiquen información sobre su patrimonio o supuestas investigaciones presenten los datos que respalden sus afirmaciones.

Ofrece revisar su patrimonio
En respuesta a las versiones sobre la supuesta posesión de varios automóviles de lujo, el funcionario aseguró que su único vehículo es una camioneta Hyundai Tucson gris, modelo 2007. También afirmó que vive en la misma casa desde hace 16 años y describió el inmueble como una vivienda de siete por 13 metros. Dijo estar dispuesto a que se revise su situación patrimonial, sus cuentas bancarias y los registros correspondientes. “Está a disposición mi declaración patrimonial”, afirmó.
Añadió que no tiene inconveniente en mostrar cuánto dinero tiene en sus cuentas y cuánto debe en sus tarjetas de crédito, pues considera que la mejor manera de responder a las versiones difundidas es presentar información verificable. “Puedo sacar y exhibir de mi plataforma, de mi teléfono, cuánto tengo en mi cuenta y cuánto debo en mi tarjeta de crédito, no tengo problema por eso”, dijo.

Reyes Rocha sostuvo que no permitirá que los señalamientos afecten su trayectoria en el servicio público y aseguró que tiene más de 20 años de experiencia en la administración pública y explicó que ha trabajado en distintas dependencias y áreas, entre ellas la implementación del sistema penal acusatorio en Veracruz, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y la Secretaría de Finanzas y Planeación, antes de regresar al ámbito electoral.
Según relató, salió de la materia electoral en 2013 y pasó aproximadamente una década en otras responsabilidades profesionales antes de reincorporarse al OPLE.

Explica su relación con Jesús Octavio García González
Otro de los asuntos abordados fue la relación que se le atribuye con Jesús Octavio García González, quien ocupó un cargo directivo en el INE y cuyo nombre ha sido mencionado en el contexto de la controversia nacional sobre las empresas proveedoras. Reyes Rocha precisó que sí había coincidido con él en el ámbito universitario y laboral, por lo que no podía negar que existiera un conocimiento previo.
Explicó que ambos coincidieron hace años en el entonces Instituto Electoral Veracruzano y que García González es originario de Xalapa y estudió en la Facultad de Derecho. “Yo nunca voy a negar a quienes conozco, pero creo que cada quien debe de responder por sus hechos y por sus actos y él también tener la oportunidad de aclarar lo suyo.”, señaló.
El funcionario sostuvo que la relación entre ambos fue principalmente institucional y que no mantienen una relación cercana. Añadió que, cuando coincidieron en el ámbito electoral, él salió de esa materia en 2013 y durante aproximadamente diez años trabajó en otras áreas de la administración pública.
También recordó que su regreso al organismo electoral ocurrió después de esa etapa profesional y que su trayectoria debe evaluarse a partir de sus propios actos y responsabilidades. “A mí revísenme, audítenme y yo no tengo ningún conflicto de interés ni mucho menos legal”, afirmó.
Reyes Rocha agregó que los organismos públicos locales electorales cuentan con autonomía presupuestal, financiera y de gestión conforme al marco constitucional de Veracruz, y sostuvo que sus decisiones administrativas deben analizarse en el ámbito de sus propias atribuciones.

Sí conoce a Alfredo Hernández
En la entrevista, Luis Fernando Reyes también reconoció conocer al empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con la polémica de corrupción en el INE. Explicó que sabe de él por su presencia en el ámbito electoral nacional y por la participación de la compañía como proveedora de material para organismos electorales, aunque negó mantener vínculos comerciales con la empresa desde el OPLE de Veracruz. “Todos lo conocemos, en todo en país”, dijo al referirse al ámbito electoral.
Cajas Graf forma parte de una red de al menos siete empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Entre las compañías señaladas en esa estructura empresarial se encuentran Corporativo Zeg, S.A. de C.V., y Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., además de Cajas Graf.

Descarta renunciar, salvo que una auditoría confirme un conflicto
Al ser cuestionado sobre si contempla dejar la Secretaría Ejecutiva del OPLE por los señalamientos, el funcionario respondió que no tiene previsto renunciar y que no considera que exista una razón para hacerlo mientras no se acredite alguna irregularidad.
Afirmó que su intención es concluir el periodo que le corresponde y retirarse del servicio público al terminar su encargo, después de más de dos décadas de trayectoria. “Yo siempre he pensado y para mí esto no es nuevo, me pasó también hace tiempo. Quienes han pedido mi renuncia, yo siempre he dicho que siempre pondré mi renuncia cuando sea porque hice algo mal”, declaró.
Sin embargo, precisó que no dejaría el cargo únicamente por las acusaciones que, sostuvo, todavía deben aclararse. Consideró que una renuncia tendría sentido si se demuestra que cometió una falta o incurrió en una conducta que lo haga improcedente para continuar en la función pública. “Yo creo que sí debes de salir por un asunto que no sea por terminar tu periodo, que sea porque te equivocaste, que sea porque hiciste algo incorrecto o porque no debes de estar aquí por esas circunstancias”, expresó.
Añadió que, si llegara a cometer un error, sería el primero en reconocerlo, pero insistió en que no renunciará por lo que calificó como injurias o intentos de desviar la opinión pública. “Cuando tenga yo un asunto y que yo me equivoque, pues por supuesto sería el primero en reconocerlo. Cuando la Auditoría de la Federación diga que efectivamente existe un conflicto, pues creo que sería ético hacerlo”, afirmó.
Por ahora, dijo, considera que el asunto todavía puede tener nuevas consecuencias y que corresponde a las autoridades esclarecerlo antes de anticipar responsabilidades. Para finalizar, reiteró que la denuncia presentada ante la FGR busca determinar si el poder notarial registrado a nombre de Luis Fernando Reyes Rocha corresponde a su persona, si se trata de un homónimo o si hubo un uso indebido de su identidad.