Madres de desaparecidos en Poza Rica denuncian abandono institucional

Integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda “María Herrera” de Poza Rica realizaron este lunes actividades públicas para recordar a cuatro jóvenes desaparecidos hace 15 años, así también para exigir nuevamente justicia ante lo que califican como una prolongada cadena de impunidad, indiferencia oficial y estancamiento en las investigaciones.

Las madres buscadoras recordaron que en 2011 desaparecieron Jenny Isabel Jiménez Vázquez, Esmeralda Yaquelin Jiménez Estrella, Iván Eduardo Castillo Torres y Pedro Alberto Gayosso Martínez, quienes fueron vistos por última vez en la avenida 20 de Noviembre de esta ciudad. Desde entonces, señalaron, las familias han enfrentado años de incertidumbre, cambios de autoridades y promesas incumplidas sin que exista un esclarecimiento de los hechos.

Francisca Vázquez, madre de Jenny Isabel, afirmó que uno de los pocos elementos conocidos sobre la desaparición es que las víctimas habrían sido interceptadas presuntamente por elementos de la extinta Policía Intermunicipal, corporación que desde entonces ha sido señalada en el caso, aunque sin resultados judiciales concretos.

Por su parte, Maricel Torres Melo, madre de Iván Eduardo Castillo, lamentó que después de tres lustros no existan avances significativos en las carpetas de investigación, situación que, dijo, refleja el abandono institucional que enfrentan cientos de familias en Veracruz. Las integrantes del colectivo también expresaron preocupación por el incremento de reportes de personas desaparecidas en la región norte del estado y advirtieron que el problema continúa agravándose ante la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades.

Aseguraron que cada relevo gubernamental representa un retroceso en las investigaciones, ya que los expedientes pierden continuidad y los colectivos deben volver a presentar información y reconstruir procesos desde el inicio. Ante este escenario, las madres buscadoras hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que la desaparición de personas deje de ser tratada como un asunto burocrático y sea asumida como una prioridad en materia de seguridad pública y derechos humanos.