Magistrada acusa intromisión de diputados en Poder Judicial de Veracruz por retiros forzosos

El Congreso del Estado se extralimitó, se excedió en sus funciones, invadió esferas que no son de su competencia y cometió una afrenta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, al obligar el retiro forzoso de Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo,magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por haber cumplido 70 años de edad y al haber resuelto la existencia de dos vacantes definitivas.

Al manifestar lo anterior, magistrada de la Octava Sala en materia familiar, Concepción Flores Saviaga, aseveró que los diputados de la Junta de Coordinación Política y sus asesores son los responsables y podrían ser acreedores a una pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente, por repetición de un acto reclamado.



Explicó que tan sólo el magistrado Roberto Dorantes Romero interpuso un amparo ante un Tribunal Colegiado por la reforma constitucional que obliga al retiro forzoso, mismo que causó ejecutoria a su favor y ahora tiene la protección de la justicia federal, por lo que en caso de interponer un nuevo amparo se configura “la repetición del acto reclamado” que se señala en el Código Penal de Veracruz.

Recordó que el 14 de enero de este año, el pleno del TSJ emitió un acuerdo en el cual quedó asentado que ambos togados continuarían en el desempeño de su encargo, toda vez que no se les puede aplicar con efectos retroactivos la reforma a los artículos 58, 58 bis y 59 de la Constitución Política de Veracruz, que entró en vigor el 27 de diciembre del 2017, en la cual quedó establecido el retiro forzoso de los Magistrados al cumplir 70 años de edad.

Expuso que dicho acuerdo se tomó con base en la correcta aplicación e interpretación del artículo tercero transitorio del decreto aprobado que señala, “todos los magistrados del Poder Judicial del Estado continuarán en el desempeño de su cargo por el plazo que para cada uno corresponda de acuerdo a su nombramiento, acatando las normas establecidas en la propia Constitución, con la calidad de magistrados propietarios y en igualdad de derechos y condiciones”.



No obstante, el pasado 7 de este mes, el Pleno de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que resolvió que “existen vacantes definitivas de las Magistraturas del Poder Judicial del Estado que fueran encomendadas a los ciudadanos Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo” y que los obliga al retiro forzoso por haber cumplido los 70 años de edad en razón de que se actualiza en sus personas el supuesto que señala el artículo 59, segundo párrafo fracción II de la Constitución Política local (reforma aprobada en diciembre del 2017).

Flores Zaviaga insistió que una reforma no se aplica con retroactividad en agravió de persona alguna.

Además, aseveró que en el acuerdo aprobado por los diputados quedó señalado que el Congreso local decidió iniciar de manera oficiosa el procedimiento para cubrir las vacantes, lo que no es de su competencia ni está dentro de sus facultades.



Y con total falta de respeto, añadió, exhortó al titular del Poder Ejecutivo a iniciar el procedimiento de nombramiento de los magistrados.

En ese sentido, agregó que se trata de una afrenta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, toda vez que cuando una Magistratura queda vacante, es el titular del TSJ quien notifica al gobernador para que éste presente la propuesta al Congreso del Estado y sea la Legislatura quien las ratifique.

No es el Congreso el que decide si hay vacantes ni es la instancia que debe exhortar al Gobernador a iniciar el procedimiento respectivo, concluyó.