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Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

Marco Antonio del Ángel busca que la FGE haga justicia a los muertos de Plan de Encinal en 1994

El Diputado afirmó que es necesario perseguir a los servidores públicos del pasado

Claudia Montero Xalapa, Ver. 29/01/2016

alcalorpolitico.com

El legislador local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Marco Antonio del Ángel Arroyo propuso un punto de acuerdo en la legislatura para exhortar a la Fiscalía General del Estado a que acate, a la brevedad, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se haga justicia a las personas fallecidos hace más de treinta años durante el periodo en que Patricio Chirinos fue gobernador de Veracruz.

El diputado dejó en claro que se debe perseguir alos servidores públicos del pasado, no sólo porque mataron a la democracia, sino porque mataron a personas de verdad y porque cambiaron la vida de familias enteras.



"Y porque ante la razón de Estado que solapaba y alentaba conductas criminales, está la razón humana que nos dice que el mundo de la política, de sus instituciones y de sus leyes se hicieron para servir al individuo, para protegerlo y para emanciparlo; jamás para segregarlo humillarlo y perseguirlo".

Expreso a sus compañeros diputados que deben tener la capacidad de entristecerse, indignarse, tener coraje y ser solidarios ante el dolor de sus semejantes.



"Por eso les pido de manera respetuosa solicitemos al Fiscal Autónomo del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, para que haga caso a las recomendaciones de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos; para que actúe con imparcialidad y con sentido de deber. Hay que recordarle que fue depositario de la confianza de este congreso para actuar con libertad y autonomía".

En este sentido Marco del Ángel informó que el pasado 24 de marzo del año 2015 se entregó al Fiscal del Estado una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde concluye que el Estado Mexicano es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la vida, a la integridad personal, y a la libertad personal, de conformidad con los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, por lo ocurrido en el mes de septiembre de 1994 en la comunidad de Plan de Encinal.

Estos hechos se registraron el 8 de septiembre de 1994 aproximadamente a las 7:00 horas, cuando un número no especificado de policías judiciales del Estado de Veracruz y "pistoleros al servicio del cacique y expresidente

municipal de Ixhuatlán de Madero, Tranquilino Hernández", ingresaron a la comunidad de Plan de Encinal de manera violenta allanando casas y causando destrozos.

Los efectivos hirieron con arma de fuego y sustrajeron de la comunidad a Rolando Hernández Hernández y Atanasio Hernández Hernández, de 17 y 28 años respectivamente.

El 12 de septiembre de 1994; cuatro días después de haber sido levantados por elementos policiacos, Rolando y Atanasio fueron encontrados sin vida a orillas del río Chiflón, a 8 kilómetros de distancia de donde sucedieron los hechos. Sus cuerpos presentaban huellas evidentes de tortura.

Ante esta situación, Marco del Angel cuestionó a la legislatura si tendrá la voluntad política para desde la Junta de Coordinación aprobar el anteproyecto de punto de acuerdo, "o si vamos a dejar pasar este asunto una vez más para volver a los debates cómodos y situarnos en la zona de confort legislativa".



Por último, dijo queMéxico

se encuentra en la lupa a nivel internacional por sus desaparecidos, por la debilidad de sus institucionesypor la incapacidad

políticade quienes se encuentran en el poder, por lo que exhortó a los legisladores a aprobar el este punto de acuerdo y cumplir así

con el deber constitucional de guardar y hacer guardar lo establecido en la constitución. "No vivíamosmásen la simulación y los espacios comunes".



Cabe mencionar que está no es la primera vez que este diputado pide a las autoridades correspondientes que se complete una investigación seria, imparcial y efectiva para ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de someter a un procedimiento judicial a los responsables de los hechos, que hasta la fecha no han sido juzgados.