Marina y SEMARNAT deben cumplir sentencia y proteger Sistema Arrecifal Veracruzano: Activistas

Organizaciones civiles y especialistas pidieron a la Secretaría de Marina y a la SEMARNAT cumplir la sentencia de la Suprema Corte que ordena proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano, luego de documentar que la revisión sobre la ampliación del Puerto de Veracruz se realizó sin participación plena de comunidades afectadas, expertos y organizaciones, y que persisten omisiones en la evaluación de daños ambientales.

El señalamiento forma parte del informe “Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz” elaborado por Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y especialistas académicos, tras una misión realizada en Veracruz este 2026.

El documento sostiene que el proyecto reproduce las omisiones que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a intervenir en el caso, mediante el Amparo en Revisión 54/2021, en el que ordenó restituir la observancia del derecho humano a un ambiente sano. “El proceso de autorización en materia de impacto ambiental ha sido precipitado, fragmentado y carente de participación pública efectiva”, señala el informe.

Señalan omisiones

De acuerdo con la misión, las autoridades ambientales revisaron el proyecto como una suma de obras portuarias, pero no como una intervención territorial con efectos sobre cuencas, humedales, lagunas, arrecifes, playas, sedimentos, viviendas y actividades económicas. El informe advierte que esa revisión dejó fuera impactos acumulativos y sinérgicos, además de efectos derivados de dragados, construcción de escolleras, parques logísticos, extracción de roca y modificación de dinámicas costeras.

El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado área natural protegida en 1992, incorporado a la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO en 2006 y designado humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar en 2004. Sin embargo, en 2012 el Estado Mexicano modificó la poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) para permitir la ampliación portuaria en la zona norte del Sitio Ramsar. Esa decisión fue impugnada por habitantes de Veracruz mediante un juicio de amparo promovido en 2013.

Antes de la sentencia de la Corte, el proyecto “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona norte” obtuvo autorización ambiental mediante al menos 15 resoluciones relacionadas con rompeolas, muelles, canales de navegación, dársenas, terminales, dragados, rellenos, explanadas, vialidades, puentes, libramientos ferroviarios, servicios y parques logísticos. La Primera Sala de la Corte determinó que las autoridades ambientales vulneraron el derecho al medio ambiente sano al verificar de manera fragmentada los impactos de las obras.

La sentencia obligó a examinar el proyecto de forma integral, determinar si era viable continuar con las obras, considerar el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y el Sitio Ramsar 1346, elaborar un programa de mitigación o restauración y solicitar opiniones técnicas para definir medidas de protección. Tras el fallo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dejó sin efectos las autorizaciones ambientales reclamadas. No obstante, el informe señala que meses después el procedimiento fue repuesto y se autorizó nuevamente la continuidad de las obras, incluida la operación y mantenimiento de infraestructura ya construida.

Nueva autorización

Para las organizaciones, la nueva autorización no se sustentó en una manifestación de impacto ambiental que analizara el proyecto completo, ni acreditó participación plena de comunidades, opinión favorable del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas o gestiones oportunas ante la Convención Ramsar.

El documento también cuestiona la Misión Ramsar de Asesoramiento realizada entre el 12 y el 16 de marzo de 2026. Según el informe, la visita ocurrió después de la nueva autorización ambiental, sin convocatoria abierta a personas afectadas o interesadas, y luego de que información sobre las gestiones fuera clasificada como reservada.

La misión civil identificó 4 focos de omisión: el Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de Veracruz; la Laguna San Julián, asociada a parques logísticos; la extracción de roca en Mozomboa, municipio de Actopan; y el desbalance de sedimentos en ecosistemas costeros. “La evaluación de impactos es fragmentada y parcial”, sostiene el informe, al señalar que la revisión oficial se concentró en obras portuarias directas, como dragados, escolleras e infraestructura marítima, sin incorporar una visión territorial de los efectos del crecimiento portuario.

En el caso del Sistema de Lagunas Interdunarias, el reporte destaca que se trata de un humedal reconocido por la Convención Ramsar, integrado por al menos 18 cuerpos de agua entre dunas, con funciones de regulación hídrica, conservación de biodiversidad y prevención de inundaciones. La misión advierte que esos cuerpos de agua no fueron incorporados al análisis integral del proyecto, pese a su relación con el sistema costero y con el equilibrio ambiental de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En Laguna San Julián, el informe recoge señalamientos comunitarios sobre mortandad de peces, contaminación, afecciones en piel y reducción del cuerpo de agua, en un contexto de transformación territorial vinculada con parques logísticos. Otro de los puntos centrales es Mozomboa, municipio de Actopan, donde se extrae roca para escolleras y obras de infraestructura. Ahí, habitantes reportaron vibraciones por detonaciones, polvo, tránsito de maquinaria, daños en viviendas y afectaciones a cultivos de papaya.

El informe considera que estas zonas de extracción no pueden verse como actividades externas al puerto, pues forman parte de la cadena material que permite la ampliación. En Las Barrancas, municipio de Alvarado, la misión documentó erosión costera, avance del mar, pérdida de viviendas y reducción del espacio habitable. Según los testimonios recabados, en aproximadamente una década la comunidad perdió más de 100 metros de playa y el agua comenzó a llegar casi hasta las casas.

Esa pérdida, señala el reporte, no sólo afecta viviendas. También elimina barreras naturales frente al oleaje, modifica rutas de convivencia, reduce espacios vinculados a la pesca y altera la relación de las comunidades con el litoral. La pesca artesanal aparece como una de las actividades más afectadas. Las comunidades reportaron disminución de especies, caída en capturas, pérdida de zonas de pesca y necesidad de recorrer mayores distancias para obtener producto.

El informe plantea que el proyecto desplaza medios de vida tradicionales hacia empleos temporales en construcción, transporte o extracción de materiales, vinculados al mismo modelo que modifica el entorno ambiental. También advierte una distribución desigual de los efectos: mientras la ampliación portuaria se presenta como un proyecto de crecimiento económico, las comunidades enfrentan pérdida de playas, deterioro de viviendas, afectaciones a la pesca, cambios en el paisaje y reducción de espacios públicos costeros.

En materia cultural, el documento sostiene que la identidad veracruzana no se limita al puerto. Los testimonios recabados vinculan la vida comunitaria con el mar, los arrecifes, las lagunas, la pesca, la música, la gastronomía y los espacios de encuentro. “La identidad veracruzana aparece estrechamente vinculada al mar, a los arrecifes, a las lagunas, a la música y a la gastronomía; y no sólo a ‘un puerto’”, indica el informe.

El mapeo comunitario realizado por la misión ubicó además preocupaciones por sedimentación, contaminación, cambio climático, blanqueamiento coralino, pérdida de pastos marinos, perforaciones petroleras cercanas al arrecife, afectaciones al ecoturismo, pérdida de playas y falta de infraestructura para embarcaciones pesqueras. En sus conclusiones, el informe sostiene que el Sistema Arrecifal Veracruzano no funciona como un conjunto aislado de arrecifes, sino como un sistema conectado con cuencas, humedales, lagunas y ecosistemas costeros. Por ello, advierte que las medidas de mitigación no dependen sólo de soluciones técnicas, sino de la capacidad institucional para regular, coordinar y ordenar el territorio costero.