Minatitlán comenzará con municipalización del servicio de agua potable

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estimó procedente y fundada la controversia constitucional promovida por el municipio de Minatitlán, en contra de la omisión en que ha incurrido el Gobierno del Estado por transferir los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; así como la entrega material de los bienes muebles e inmuebles, a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Se ordenó al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares otorgar la prestación de los servicios públicos señalados al municipio. Ahora, el Estado deberá proceder a la transferencia dentro del plazo de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se le haga de la sentencia, que se publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Cabe señalar que el Estado no tiene otra instancia más a la que acudir, al ser la SCJN el máximo órgano jurisdiccional del país; lo que significa que la sentencia es inamovible. El Gobierno estatal deberá acreditar a esta Sala haber cumplido con el programa de transferencia de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.



También haber transferido los recursos humanos y materiales necesarios para su prestación, garantizar la continuidad en la prestación de este servicios público en el plazo que dure la transferencia; todo esto, en el entendido que el Poder Ejecutivo local queda obligado a informar periódicamente a este Alto Tribunal de los actos que realice tendentes al cabal cumplimiento de esta ejecutoria.

Isabel Morales Aguirre, exregidora de Minatitlán, explicó que la petición de que los servicios de agua potable fueran transferidos al ayuntamiento se hizo en febrero de 2016, pero el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa se negó.



Para el mes de noviembre de ese mismo año se hizo una segunda petición al gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, pero fue la administración yunista la que respondió, en febrero de 2017, que la controversia constitucional resultaba improcedente por no haberse agotado el procedimiento o vía legalmente previstos para la transferencia de los servicios.

Ahora, tras la determinación de la SCJN, el municipio de Minatitlán dentro de tres meses tendrá que poner en operación la municipalización del organismo de agua.