Minatitlán debe pagar 678 mdp a empresa por limpia pública; llaman a negociar

Rodolfo Reus, abogado defensor de la empresa Comunicaciones Cibernéticas S.A. de C.V., representada por Julio Aldana Prieto, advirtió que en encarcelará al exsíndico de Minatitlán, Martín Gracia Vásquez, por fraude procesal al presentar el pasado 28 de diciembre una demanda de amparo “notoriamente improcedente” en contra de la sentencia de ejecución, para el pago de más de 678 millones de pesos que tiene que realizar el Ayuntamiento sureño por incumplimiento de contrato.

Cabe señalar que a la empresa hace 12 años se le concesionó el servicio de Limpia Pública en esa localidad, sin embargo, de manera ilegal en 2007 la administración municipal que encabezó Guadalupe Porras David canceló el contrato; lo que derivó en un proceso legal de varios años y que concluye con la compensación por la rescisión por cerca de 678 millones de pesos.

No obstante, desde hace tres administraciones se promueven amparos argumentando insolvencia económica, pero ahora un Juzgado dictó que se le tiene que pagar a la compañía, de manera irrevocable, esa cantidad.



El abogado de la firma recordó que el ex representante legal de ese municipio promovió una demanda administrativa de amparo el pasado 28 de diciembre de 2017 en el Juzgado Décimocuarto de Distrito en Coatzacoalcos, ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, que deriva del expediente JCA 30/2009.

En esa sentencia se advierte el requerimiento al ayuntamiento de Minatitlán para que dé estricto cumplimiento exhibiendo la cantidad de 678 millones 038 mil 862.31 pesos, que es la suma de la cantidad de 674 millones 665 mil 534 pesos por concepto de limpia pública más la cantidad de 3 millones 373 mil 327 pesos, por pena convencional.

Dicha cantidad solamente se calculó desde la emisión de los actos impugnados hasta el 31 de diciembre del año 2015, que comprende el cálculo de la planilla analizada más la pena convencional de “cinco al millar” pactada por las partes contratantes, sin perjuicio de los que se sigan generando hasta el cabal cumplimiento de las circulatoria.



La parte defensora de Comunicaciones Cibernéticas señaló que en 2016 el Ayuntamiento promovió un juicio de amparo que fue sentenciado como improcedente, no obstante y aun sabiendo de la sentencia, el ex Síndico priísta volvió a presentar uno nuevo; de ahí que se advierta la posibilidad de una denuncia en su contra por fraude procesal.

En este sentido y dando el criterio de los tribunales federales en diversas ejecutorias de amparo, no se les requiere a las restantes demandada síndico tesorero y director jurídico del ayuntamiento de Minatitlán en lo individual en virtud de que no tienen recursos propios para dar cumplimiento a la actual ejecutoria.

Pero con el apercibimiento de que no hacerlo así en el plazo de tres días contados a partir de que surta efecto del presente se procederá en términos de la parte final del dispositivo normativo citado dando vista al Fiscal Especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción.



Señala que durante los últimos cuatro años, el pago a Comunicaciones Cibernéticas creció 100 millones y sólo se ha logrado prolongarlo; aunque es inevitable que deje de pagarse dicha cantidad.

La sentencia del 2016 refiere que “en razón de no existir elementos reales y suficientes para poder arribar en los montos que deban cubrir a la parte actora por los efectos señalados en la sentencia dictada por la Sala Superior en fecha 10 de noviembre de 2014, actuación que fue controvertida por las autoridades demandadas, dando origen al juicio de amparo 1403/2016 del índice del Juzgado Décimocuarto de Distrito en el estado, juicio en el que se dictó sentencia de sobreseimiento misma que causó estado”.

Ahora bien, como se desprende de autos, las autoridades demandadas aun y cuando se le han hecho efectivos medios de apremio persisten en no dar cumplimiento a la sentencia, no obstante que ya se permitió a la parte actora presentar la planilla liquidadora como lo ordenó la superioridad.



Por lo que esta Sala Regional estima procedente instar a la Sala Superior para que conozca del incumplimiento de la sentencia.

Empresa pide negociar pago

Por otro lado, Rodolfo Reus llamó al alcalde actual, Nicolás Reyes, a hacer una negociación a fin de que esta sentencia se pueda cumplir sin afectación de ambas partes.



Adelantó que existe la disposición de hacer un importante descuento del total establecido la sentencia e incluso refirió que la cantidad se podría hacer en pagos “cómodos”.

Expuso que la orden de pago es obligatoria, es decir, no existe manera legal alguna para que se dejen de pagar los 678 millones de pesos, pero lo que sí hay es gran disposición para llegar a un acuerdo beneficioso para las partes actoras.