Ministeriales le habrían sembrado droga; sale libre tras 7 meses en penal de Amatlán

Maribel “N”, trabajadora doméstica de 30 años de edad, recuperó su libertad tras 7 meses en el penal de Amatlán de los Reyes, luego de que un juez concedió la suspensión condicional del proceso.

Su defensa señaló que el caso estuvo marcado por irregularidades, tortura y fabricación de delitos. “Se ocultaron documentos oficiales, se aplicó el Protocolo de Estambul y se iniciaron denuncias penales contra la Fiscalía por tortura”, expuso.

El 5 de febrero de 2025, agentes ministeriales irrumpieron en su casa en Rafael Delgado, donde presuntamente golpearon a 9 adultos y 6 menores, encañonaron a la familia y sustrajeron dinero y pertenencias. Maribel, según la defensa, fue incomunicada y sometida a golpizas y descargas eléctricas para que se declarara culpable de delitos contra la salud. La Fiscalía General del Estado (FGE) la acusó en la carpeta 84/2025 y el proceso penal 29/2025.

En audiencia aseguró que la mariguana con la que se le vinculó nunca estuvo en su domicilio sino que fue colocada en una mochila en la Fiscalía. Aun así, un juez la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva oficiosa.

Otorgan amparo

Un Juez federal reconoció la tortura y otorgó suspensión de amparo, pero la FGE mantuvo la imputación. La defensa denunció que un informe de Plataforma México, emitido el mismo día de la detención y que descartaba delitos fue ocultado deliberadamente. “Esa omisión prolongó su encierro y agravó la tortura psicológica”, indicaron los abogados, Jesús Urbina Montero, Rebeca Gómez y Daniel Contreras.

Tras meses de acompañamiento jurídico, apoyo de organismos de derechos humanos y cobertura de periodistas, Maribel salió libre. Los defensores exigieron sanciones a fiscales y agentes del Distrito XV, además de garantías de seguridad para Maribel, su familia, periodistas y defensores que documentaron el caso. También pidieron que la FGE y el Gobierno estatal rindan cuentas. “Aunque Maribel ha recuperado la libertad, su caso ejemplifica los abusos y deficiencias del sistema de procuración de justicia en Veracruz”, advirtieron.

El expediente fue registrado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) bajo el número DAV-0026-2025, con oficio CE DV/DAV/0378/2025.