Modifican diputados de Veracruz definición de derechos humanos en legislación local

Los derechos humanos dejaron de definirse en la legislación de Veracruz como prerrogativas inherentes a las personas y pasaron a ser considerados “expectativas de protección y no lesión”, tras una reforma aprobada este jueves 12 de noviembre por el Congreso estatal, pese a las advertencias de legisladores sobre un posible retroceso en su reconocimiento y protección.

La modificación a la Ley 483 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) obtuvo 39 votos a favor y cuatro en contra. Aunque durante la discusión hubo cuestionamientos al alcance jurídico de la nueva definición, ningún diputado presentó reservas para modificarla.

El cambio se encuentra en el artículo primero de la ley, que anteriormente reconocía los derechos humanos como condiciones de vida, prerrogativas y libertades inherentes a la naturaleza y dignidad de las personas, consagradas en la Constitución y los tratados internacionales. Con la reforma, esa definición fue sustituida por el concepto de “expectativas de protección y no lesión” vinculadas a un ordenamiento jurídico, cuyo respeto y garantía corresponden al Estado. La formulación ya figuraba en el reglamento interno de la propia Comisión.



La diferencia provocó un debate sobre si los derechos humanos deben entenderse como atributos que corresponden a toda persona por el hecho de existir o como expectativas reconocidas por las disposiciones jurídicas.

Debate

El coordinador del PAN, Enrique Cambranis Torres, cuestionó que la reforma incorporara un concepto que, a su juicio, podría debilitar el reconocimiento de derechos que no dependen de una concesión del Estado. “En el grupo legislativo de Acción Nacional jamás estaremos de acuerdo en que los derechos inherentes a una persona (...) solo sean considerados como una mera expectativa”, declaró.



Cambranis sostuvo que una expectativa representa la posibilidad de obtener algo, mientras que los derechos humanos son exigibles y corresponden a todas las personas. También objetó que se utilizara el reglamento de la CEDHV para justificar la modificación de una ley, cuando la jerarquía normativa establece que debe ocurrir lo contrario.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz coincidió en que la nueva redacción podría contravenir el sentido de la reforma constitucional de 2011, mediante la cual se reconoció la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. “Uno nace con los derechos humanos y es únicamente el Estado el que comenzó a reconocer los derechos humanos”, expresó.

Ortega señaló que, si bien la iniciativa contiene disposiciones para ampliar las funciones de la Comisión, ello no justificaba modificar la definición de los derechos humanos contenida en la legislación estatal.
La diputada Ana Rosa Valdés Salazar también manifestó su desacuerdo con el artículo primero y advirtió que su contenido podría ser impugnado mediante una acción de inconstitucionalidad, aunque finalmente votó a favor del dictamen. “Los derechos no son expectativas. Ya existen al estar señalados en la Constitución”, afirmó.



Reforma impulsada por la titular de la CEDHV

La reforma fue promovida por la presidenta de la CEDHV, Minerva Regina Pérez López, quien presentó la iniciativa el 9 de abril con el propósito de adecuar el funcionamiento del organismo a las disposiciones sobre transparencia, protección de datos personales y autonomía institucional.

Además del cambio conceptual, el decreto asigna a la Contraloría Interna de la Comisión funciones de autoridad garante en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, como consecuencia de la desaparición de los organismos encargados de esas tareas. Para ello, contempla una Subdirección Garante de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que atenderá las responsabilidades del organismo en ambas materias.



La reforma también amplía las facultades de supervisión de la CEDHV a los centros de asistencia social estatales y municipales donde permanecen niñas, niños y adolescentes. El organismo podrá revisar las condiciones en que reciben alimentación, atención médica, educación y protección. Estas atribuciones se extienden a separos y otros centros de detención, donde la Comisión podrá realizar visitas para identificar posibles violaciones a los derechos de las personas bajo custodia de las autoridades.

Otra modificación obliga a las autoridades que rechacen o incumplan recomendaciones de la CEDHV a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal para explicar los motivos de su decisión. En defensa del dictamen, la diputada de MORENA, Victoria Gutiérrez Pérez, sostuvo que las reformas fortalecen las atribuciones de la institución y permiten ampliar la vigilancia sobre espacios donde pueden presentarse violaciones a los derechos humanos.

La legisladora del Partido Verde, Tania María Cruz Mejía, respaldó las facultades para supervisar centros de asistencia social, mientras que Elizabeth Morales García, del PT, destacó la posibilidad de exigir explicaciones a las autoridades que se nieguen a cumplir recomendaciones. Durante la discusión también surgieron cuestionamientos sobre los recursos destinados a la Comisión. Montserrat Ortega y Ana Rosa Valdés señalaron que la reforma permite obtener ingresos mediante subsidios, donaciones, aportaciones y servicios educativos, por lo que solicitaron garantizar recursos públicos suficientes para su funcionamiento.



Ambas legisladoras plantearon que el respaldo expresado por las distintas fuerzas políticas a la defensa de los derechos humanos deberá reflejarse en el Presupuesto de Egresos de Veracruz para 2027. Pese a las diferencias sobre la definición de los derechos humanos, el Congreso aprobó el dictamen sin modificaciones y ordenó remitirlo al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.