Mónica Soto renuncia al TEPJF; dejará el cargo el 31 de agosto

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso presentó este lunes 17 de agosto su renuncia al cargo que desempeña en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Su último día en funciones será el 31 de agosto de 2026.

La decisión fue comunicada durante una intervención ante el pleno del Tribunal, donde Soto señaló que había tomado la determinación de separarse de la magistratura y agradeció el acompañamiento recibido durante su trayectoria institucional.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente de una causa de carácter político o jurídico que explique su renuncia. En sus declaraciones, la magistrada vinculó su decisión con un compromiso personal y con su responsabilidad ante México y el propio Tribunal, además de referirse al momento de cerrar una etapa profesional y familiar.



Soto Fregoso es originaria de Ciudad Constitución, Baja California Sur, y forma parte de la Sala Superior del TEPJF desde noviembre de 2016. El perfil institucional del Tribunal señala que cuenta con décadas de experiencia en materia electoral y una trayectoria enfocada, entre otros asuntos, en los derechos político-electorales de las mujeres.

Antes de llegar a la Sala Superior fue magistrada del Tribunal Electoral de Baja California Sur y posteriormente integró la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, donde también llegó a presidir ese órgano. Durante su carrera participó en la construcción de criterios relacionados con paridad de género, igualdad y acceso de las mujeres a cargos de elección popular. El propio TEPJF destaca entre sus trabajos la coordinación de una guía para juzgar con perspectiva de género en materia electoral.

La salida de Soto adquiere mayor relevancia por su paso por la Presidencia del Tribunal. En diciembre de 2023, el entonces presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, anunció su renuncia a la Presidencia después de que tres magistraturas - entre ellas Soto - le solicitaran dejar el cargo en medio de una crisis interna. Los magistrados argumentaron entonces pérdida de confianza y cuestionaron aspectos de la conducción del Tribunal.



Posteriormente, el 15 de diciembre de 2023, Soto fue elegida presidenta de la Sala Superior y asumió formalmente el cargo el 1 de enero de 2024. Durante su gestión encabezó al máximo órgano jurisdiccional electoral durante el proceso electoral de 2024, incluida la calificación de la elección presidencial, y posteriormente durante la transición derivada de la reforma judicial.

Uno de los elementos que contextualizan su salida es la transformación que experimentó el TEPJF después de la elección judicial de 2025.
En septiembre de ese año se incorporaron a la Sala Superior Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, con lo que quedó instalado el nuevo pleno. En aquel momento, Soto, todavía como presidenta, describió la nueva integración como parte de una etapa de transformación de la justicia electoral.
Soto dejó la Presidencia del Tribunal el 31 de octubre de 2025, pero continuó como magistrada de la Sala Superior.

La renuncia resulta relevante porque Soto todavía formaba parte del máximo órgano jurisdiccional electoral del país y porque su salida se produce en una etapa de reconfiguración del Poder Judicial y de la justicia electoral.
Además, registros del propio TEPJF muestran que Soto todavía aparece vinculada durante 2026 a asuntos jurisdiccionales, incluidos recursos relacionados con procesos electorales y determinaciones del INE.



Uno de esos expedientes recientes, por ejemplo, está relacionado con una controversia sobre una resolución del INE derivada de irregularidades detectadas en un informe de gastos de campaña de una candidatura al Tribunal de Disciplina Judicial. La salida se hará efectiva el 31 de agosto, por lo que en los próximos días deberá conocerse cómo quedará integrada la Sala Superior y qué procedimiento se seguirá para cubrir la vacante.

Los casos relevantes de la magistrada



La Sala Superior terminó avalando la integración de la Cámara de Diputados derivada de la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por el INE. El resultado permitió que Morena y sus aliados conservaran una mayoría constitucional muy amplia.

El tema generó críticas de la oposición y de especialistas, quienes sostuvieron que la interpretación de las reglas de representación proporcional permitió una sobrerrepresentación del bloque oficialista. La propia Soto defendió posteriormente la resolución y en febrero de 2026 sostuvo que el TEPJF no “dio votos” a los partidos, sino que aplicó las reglas constitucionales para repartir las diputaciones.

Es, probablemente, el asunto institucionalmente más importante de su etapa como presidenta. El 14 de agosto de 2024, la Sala Superior realizó el cómputo final de la elección presidencial, declaró su validez y entregó la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum. El Tribunal informó que Sheinbaum obtuvo 35,924,519 votos, equivalentes al 59.76% de la votación. Antes de llegar a esa determinación, la Sala resolvió 240 juicios de inconformidad contra los cómputos distritales.



Por ejemplo, en febrero de 2024, en el SUP-REP-702/2023 y acumulados, la Sala Superior revocó parcialmente una sentencia relacionada con denuncias por actos anticipados de precampaña/campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuidos a Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno. También existen varios recursos en los que Soto fue ponente y en los que la Sala confirmó el desechamiento de denuncias contra Sheinbaum por presuntos actos anticipados de campaña.

El caso Ricardo Monreal

En marzo de 2024, la Sala Superior revocó una sentencia que había determinado que Ricardo Monreal había vulnerado los principios de imparcialidad y equidad electoral por participar en un acto político en Tlaxcala. El Tribunal concluyó que sus expresiones sobre su trayectoria y aspiraciones presidenciales no constituían por sí mismas un acto inequívoco de proselitismo, entre otras razones porque el evento ocurrió en un día inhábil y no pidió expresamente el voto.



El caso de Pío López Obrador

La magistrada Mónica Soto Fregoso desempeñó un papel determinante en el desenlace del caso en contra de Pío López Obrador —relacionado con la difusión de videos donde se le observaba recibiendo sobres con dinero en efectivo en 2015— al ser la ponente encargada del proyecto final ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Su argumento central determinó que los registros audiovisuales y las notas periodísticas publicadas no contaban con el peso ni la fuerza probatoria suficiente por sí solos para acreditar el delito de financiamiento ilícito a favor de Morena. El proyecto redactado por Soto fue sometido a votación y aprobado por unanimidad y sin discusión de por medio en la Sala Superior, ordenando dar "carpetazo" y archivo definitivo a la investigación electoral sobre el caso.