MORENA y aliados aprueban polémica Ley de transparencia para Veracruz

Con 37 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, enviada por la gobernadora Rocío Nahle, tras la extinción del IVAI. La mayoría de MORENA y sus aliados avaló el dictamen pese a los señalamientos de la oposición, que acusó falta de discusión pública y concentración del control informativo en el Ejecutivo estatal.

“Esta es una ley ‘candado’. ¿Cómo puede garantizar imparcialidad un órgano que depende de quien lo designó? Esto es un golpe al derecho de los veracruzanos a estar informados”, afirmó la diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina.

Córdova advirtió que la nueva ley es una copia literal de la propuesta enviada por el Ejecutivo y criticó que la Contraloría General del Estado asuma como órgano garante del derecho de acceso a la información. Por parte del PAN, la diputada Luz Alicia Delfín señaló que la Contraloría “es juez y parte: sujeto obligado y órgano garante a la vez.La información reservada será sinónimo de ocultamiento. El camino que ha elegido la 4T es el de la opacidad. Con esta ley, institucionalizan la corrupción”, dijo.



El diputado Adrián Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la reforma “abre la puerta a la discrecionalidad del gobierno para responder —o no— a solicitudes de información. Le decimos adiós a la transparencia y damos la bienvenida a la opacidad. Esto es retroceder 22 años”, denunció.

La panista Montserrat Ortega cuestionó que el gobierno sea quien se investigue a sí mismo. “No puedes ser imparcial cuando te investigas tú mismo. MORENA está acabando con los derechos civiles y humanos de los ciudadanos”, acusó.

La nueva ley establece como autoridades garantes a la Contraloría General del Estado, a las contralorías internas del Congreso y del Poder Judicial, así como a los órganos de control de los organismos autónomos.



También se crea un órgano desconcentrado llamado “Transparencia para el Pueblo”, adscrito a la Secretaría Anticorrupción, encargado de resolver recursos de inconformidad y fijar criterios de resolución.

El marco legal prevé la integración de un Subsistema de Transparencia con representantes de los tres poderes y de los organismos autónomos, que se sumará a un órgano colegiado nacional. Se mantiene la obligación de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia y se introduce una “política de transparencia con sentido social”.

Los expedientes del extinto IVAI serán absorbidos por la Contraloría General. La ley establece que el acceso a la información no estará condicionado a justificar el interés o uso de la solicitud. Cada sujeto obligado deberá contar con un Comité de Transparencia colegiado, designado por el titular de la dependencia correspondiente.