MORENA y aliados aprueban poner más “candados” a revocación de mandato en Veracruz

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que modifica las reglas para solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, mecanismo de participación ciudadana que permite pedir la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza.

La reforma aplicaría a la actual titular del Poder Ejecutivo estatal, Rocío Nahle García, quien inició su periodo constitucional el 1 de diciembre de 2024 y deberá concluirlo el 30 de noviembre de 2030. El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, por lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para una reforma constitucional.

Tras la votación, la Mesa Directiva instruyó remitir el proyecto de decreto a los ayuntamientos de la entidad para continuar con el trámite previsto en la Constitución local. La reforma, propuesta por el diputado del PVEM Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, modifica el inciso b) de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y establece nuevos requisitos para que la ciudadanía pueda promover la revocación de mandato. Entre los cambios aprobados se encuentra la reducción del plazo para reunir firmas. El periodo pasaría de dos meses a un mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional.



Para el actual Gobierno estatal, ese lapso se ubicaría entre el 1 y el 30 de noviembre de 2027, es decir, antes de que Nahle García concluya su tercer año de mandato. La solicitud deberá contar con el respaldo de al menos el 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal electoral del estado. Con base en el corte de enero de 2026, ese porcentaje equivaldría a unas 750 mil firmas de apoyo ciudadano, según diputados de la oposición. Además, las firmas deberán estar distribuidas en cuando menos la mitad más uno de los municipios de Veracruz, es decir, en 107 de las 212 demarcaciones.

El dictamen también agrega que, en cada uno de esos municipios, las personas firmantes deberán representar como mínimo el 3 por ciento de la lista nominal municipal respectiva. Otro punto aprobado establece que la solicitud deberá presentarse ante el organismo electoral durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. Una vez vencido ese periodo, el organismo electoral tendrá 30 días naturales para verificar el cumplimiento de los requisitos, conforme al procedimiento que establezca la ley secundaria.

La reforma también ordena al Congreso expedir la legislación secundaria en materia de revocación de mandato en un plazo máximo de 180 días naturales.



Defienden precisión técnica

Durante la discusión, MORENA, el Partido del Trabajo y el Partido Verde defendieron el dictamen al señalar que se trata de una armonización constitucional y de una medida para dar certeza al mecanismo de participación ciudadana.

El diputado Ramón Díaz Ávila, del PT, sostuvo que la reforma busca ordenar el procedimiento y definir cómo deberá verificarse el respaldo ciudadano. “La iniciativa presenta un ejercicio de precisión técnica al inciso b de dicha fracción, buscando dar certeza sobre tres puntos: cuándo se deben recolectar los apoyos, cuál es el porcentaje mínimo de firma requerido en el estado y cómo se debe revisar que estas firmas estén distribuidas correctamente entre los municipios”, expuso.



El legislador afirmó que la modificación permitirá que la solicitud tenga presencia verificable en el territorio estatal. “La iniciativa que se dictamina viene a ordenar didácticamente la distribución territorial del respaldo ciudadano para que la solicitud de revocación de mandato tenga presencia verificable en el número de municipios exigidos y pueda ser calificada por la autoridad electoral con precisión matemática”, dijo.

Por el Partido Verde, la diputada Tania María Cruz Mejía sostuvo que el objetivo es perfeccionar la redacción vigente y evitar vacíos en la aplicación del mecanismo. “El objetivo de esta reforma no es señalar errores, sino perfeccionar lo que ya estaba construido para evitar que cualquier tipo de vacío legal pueda ocurrir”, señaló.

La legisladora defendió el requisito de representación municipal al considerar que impide que la solicitud se concentre sólo en las zonas con mayor población. “Con esto garantizamos que la voluntad ciudadana no se concentre en las zonas urbanas, sino que integre la voz de nuestras comunidades en todo el territorio”, dijo.



A nombre de MORENA, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo rechazó que los requisitos aprobados constituyan una restricción a la participación ciudadana. “El requisito de acreditar en la mitad más uno de los municipios un apoyo equivalente al 3 por ciento de su lista nominal no es un obstáculo, es una garantía”, afirmó.

El morenista sostuvo que la reforma busca impedir que la revocación de mandato sea utilizada como instrumento de coyuntura política. “Es la garantía de que la revocación de mandato nazca de la ciudadanía y no de estrategias políticas. Es la garantía de que exista organización social y no solamente movilización momentánea”, añadió.

Candados a la participación



La oposición votó en contra al considerar que la reforma complica el procedimiento y agrega requisitos que podrían dificultar una eventual solicitud ciudadana contra la actual administración estatal. La diputada Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que la mayoría legislativa presentara los cambios como ajustes de técnica legislativa. “Como siempre, todo al vapor, al puro estilo de hay que hacerlo hoy, total, mañana se compone”, dijo.

La legisladora sostuvo que el dictamen reduce tiempos y eleva los requisitos territoriales para solicitar la revocación. “Con este dictamen nos salen que se trata de un asunto de mera técnica legislativa. ¿En verdad creen que el pueblo de Veracruz se las compra?”, expresó.

Córdova Molina adelantó el voto en contra de Movimiento Ciudadano al considerar que la mayoría buscaba protegerse ante una eventual solicitud ciudadana. “Lo hacen poniendo trabas a la participación ciudadana, dejándole la oportunidad de expresarse, quitándole la posibilidad de evaluar el desempeño de la titular del Poder Ejecutivo estatal”, acusó.



Por el PAN, la diputada Indira Rosales San Román cuestionó que el oficialismo defendiera los niveles de aprobación de la Gobernadora y, al mismo tiempo, impulsara requisitos adicionales para activar el mecanismo. “Dicen que la gobernadora tiene una aprobación del 63.8 por ciento. De acuerdo a una encuesta publicada y promovida por todos ustedes. Si están en ese nivel de popularidad, ¿por qué ponerle tanto candado a la revocación de mandato?”, planteó.

Rosales San Román afirmó que el requisito del 10 por ciento de la lista nominal estatal equivaldría a alrededor de 600 mil firmas, que tendrían que recabarse en un mes. “Sería básicamente del primero de noviembre del año 2027 al 30 de noviembre del 2027 para poder juntar esas 600 mil firmas”, dijo.

La panista también cuestionó que la reforma exija respaldo en 107 municipios y un mínimo del 3 por ciento de firmas en cada uno. “No simulen. Si tanto les incomoda este ejercicio de participación democrática, simplemente eliminen la figura, pero no quieran venir aquí a engañar a la gente”, expresó.



El diputado Héctor Yunes Landa también se pronunció en contra y acusó que MORENA busca dificultar un mecanismo que el propio movimiento promovió a nivel nacional. “La revocación de mandato en Veracruz debiera ser un ejercicio democrático que ustedes mismos propusieron y ahora hacen todos los esfuerzos para evitarlo”, dijo.

Yunes Landa sostuvo que la reforma incorpora una “ferretería de candados” y cuestionó que Veracruz exija un porcentaje superior al previsto para la revocación presidencial. “No obstante que el artículo 35 de la Constitución Federal, al regular la revocación de mandato de la Presidencia, exige sólo el 3 por ciento de la lista nominal nacional, en Veracruz se exige el 10 por ciento para el caso de Gobernador”, señaló.

El legislador afirmó que, si se aplicara el mismo parámetro federal, el número de firmas requerido sería menor. “Si este dictamen estuviera fundamentado en la misma proporcionalidad contemplada por la Constitución federal para el caso de la Presidencia de la República, entonces tendrían que requerir sólo la firma de 181 mil 719 electores”, afirmó.



Yunes Landa también cuestionó que se aprueben reglas constitucionales sin que exista aún una ley secundaria que detalle el procedimiento. “La aprobación del OPLE queda sujeta a plazo de 30 días naturales y se remite a un procedimiento de verificación legal expreso conforme lo establezca una ley en materia que aún no existe”, dijo.

Advierten riesgo de simulación

La diputada Montserrat Ortega Ruiz razonó su abstención al señalar que no está en contra de la revocación de mandato, pero consideró que los requisitos aprobados pueden volverla inaccesible para la ciudadanía. “No estoy en contra de la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana. Al contrario, considero que en una democracia madura la ciudadanía debe contar con herramientas para evaluar, para exigir y, en su caso, para retirar la confianza de quienes ejercen el poder público”, sostuvo.



Sin embargo, advirtió que el diseño aprobado puede convertir la figura en una simulación. “Una cosa es buscar representatividad territorial y otra muy distinta es colocar candados tan altos y tan complejos que en la práctica vuelven casi imposible ejercer el derecho”, dijo.

Ortega Ruiz señaló que un mecanismo ciudadano no debe depender de estructuras partidistas ni de grupos con capacidad territorial y económica para activarse. “Si el mecanismo requiere niveles de organización, estructuras territoriales, recursos y capacidades operativas que solamente pueden tener los partidos políticos o los grandes grupos en el poder, entonces no estamos fortaleciendo la ciudadanía”, expresó.

Al cierre del debate, el Pleno consideró suficientemente discutido el dictamen y abrió la votación nominal. Con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la Presidencia de la Mesa Directiva declaró aprobado el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. La reforma aún deberá continuar su procedimiento constitucional ante los ayuntamientos. De concluir ese trámite, el Congreso quedará obligado a emitir la ley secundaria que regulará el procedimiento, los plazos, la verificación de firmas, la convocatoria y las condiciones para una eventual jornada de revocación de mandato.