El transporte público en Veracruz debe fortalecerse bajo un esquema mixto, con regulación estatal, diálogo amplio y apoyo real a los concesionarios, advirtió el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, al criticar las decisiones recientes en materia tarifaria que, dijo, generaron inestabilidad tanto para usuarios como para prestadores del servicio.
El legislador sostuvo que el transporte público es una concesión del Estado orientada al mejoramiento del servicio, por lo que las decisiones deben enfocarse en generar condiciones reales para que los concesionarios puedan ofrecer unidades dignas y eficientes. En ese sentido, consideró indispensable crear líneas de crédito para la renovación del parque vehicular, así como establecer un fondo con los ingresos del transporte público destinado exclusivamente a su mejora.
Gil Rullán señaló que el aumento inicial de tarifas y el posterior ajuste limitado solo a Xalapa provocaron confusión y tensión social, al tratarse de un servicio esencial que no se utiliza únicamente para el esparcimiento, sino para acudir al trabajo y a los centros educativos. Afirmó que la medida dejó al gobierno en conflicto tanto con los concesionarios, a quienes se les prometió un incremento que después no se concretó en todo el Estado, como con los usuarios, a quienes se les aplicó un aumento sin recibir un mejor servicio.
Criticó además que se presenten como un gran logro las 102 unidades adquiridas recientemente, cuando en otras entidades, como Nuevo León, se han incorporado 4 mil al sistema estatal. Para el diputado, estos ejemplos demuestran que sí es posible avanzar hacia modelos de movilidad más eficientes, siempre que exista planeación, inversión y regulación adecuada.
En ese contexto, subrayó que, si el gobierno considera que los concesionarios no están cumpliendo con sus obligaciones, debe revisar las concesiones, pero no recurrir a decisiones improvisadas que terminan afectando los ingresos destinados a mejorar el servicio. Advirtió que muchas unidades carecen de condiciones básicas como accesibilidad para personas con discapacidad, lo que evidencia el rezago acumulado por falta de apoyos e incentivos para su renovación.
Sergio Gil insistió en que nadie se opone a pagar una tarifa justa por un buen servicio, pero sí existe rechazo a que el Estado mantenga un esquema de concesión sin ofrecer beneficios reales a los transportistas, lo que perpetúa el uso de unidades obsoletas y un servicio deficiente. A su juicio, es indispensable establecer una mesa colegiada en la que participen el gobierno, los concesionarios, estudiantes, empresarios y usuarios en general, para definir precios, compromisos y mejoras de manera transparente.
El diputado federal planteó la necesidad de apostar por nuevos modelos de movilidad sustentable, que incluyan electromovilidad, transporte colectivo moderno y esquemas complementarios como ciclovías funcionales. Consideró que el problema actual no puede tratarse como una crisis coyuntural, sino como un punto de inflexión para replantear la política de movilidad en el estado.
Como ejemplo del rezago estructural, mencionó la falta de corredores exclusivos de transporte en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río–Alvarado, que permitan traslados de norte a sur con un solo pago, evitando que los usuarios tengan que cambiar dos o tres veces de unidad. Afirmó que la falta de planeación, el deterioro de las vialidades y los costos crecientes de mantenimiento afectan tanto a concesionarios como a usuarios.
Gil Rullán advirtió que decisiones tomadas con premura obligaron incluso a recurrir a unidades estatales gratuitas y a patrullas de seguridad pública para trasladar personas, lo que también representó pérdidas económicas para el Estado. Añadió que el descontento ya no se limita al transporte urbano, sino que se ha extendido a otros servicios como el de combis, cuyos operadores demandan mejores condiciones.
Desde su papel como secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas en la Cámara de Diputados, informó que ya se analizan propuestas para mejorar la movilidad y la conectividad en las zonas metropolitanas, las cuales serán presentadas ante el Congreso local, con el objetivo de avanzar no solo en críticas, sino en soluciones concretas.
Finalmente, el diputado reiteró que el transporte público debe ser eficiente, de calidad y accesible, y que el Estado debe fungir como garante de la legalidad sin intentar convertir el servicio en una empresa estatal, al considerar que este tipo de esquemas suelen ser costosos, ineficientes y generadores de burocracia. Subrayó que aún es posible recuperar el tiempo perdido en el tráfico y construir un sistema que permita a la población gastar lo justo y trasladarse de manera digna y eficiente.