La ciudadana veracruzana Emilia Paulina Espinoza Zebadúa denunció públicamente a su expareja Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, el exmagistrado del extinto TEJAV, por presunta violencia familiar y violencia vicaria.
Al respecto, pidió a la Fiscalía General del Estado permitir el desahogo de pruebas en la carpeta de investigación abierta por estos hechos. En un mensaje difundido en redes sociales, Espinoza dirigió un llamado a la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns para que su caso sea atendido con perspectiva de género.
“Soy madre veracruzana y me permito llamar su atención para informarle que he presentado una denuncia contra el licenciado Roberto Alejandro en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer en el puerto de Veracruz por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria que ha venido cometiendo en mi contra durante los últimos 13 años de mi vida”, dijo.
De acuerdo con su testimonio, su salario de 18 mil pesos mensuales fue embargado por el padre de su hijo, a pesar de un convenio judicial en el que él asumió la responsabilidad de cubrir los gastos del menor. “Aprovechando que tiene la custodia de mi hijo y que en convenio anterior ante el Juez acordó que se haría cargo de sus gastos, aun así me embargó mi sueldo”, sostuvo.
Espinoza señaló que la acción judicial tiene como propósito presionarla para desistirse del litigio por pensiones alimenticias retroactivas. “Con todo con el ánimo de que yo ceda y desista de requerirle el pago de pensiones alimenticias retroactivas que se encuentran en litigio”, indicó.
La denunciante también cuestionó que su expareja busque un cargo en el Poder Judicial bajo estas circunstancias. “Ha ocupado cargos públicos importantes, ha sido anteriormente magistrado y ahora nuevamente pretende acceder por medio de votación pública al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en materia penal”, dijo.
Pérez Gutiérrez fue integrante del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) y actualmente figura entre los aspirantes al cargo de magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.