Una mujer que asegura haber sido víctima de privación de la libertad y violación solicita la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, al considerar que la investigación iniciada por los hechos permanece sin avances suficientes en la Fiscalía General del Estado (FGE).
La denunciante, cuya identidad se reserva por motivos de seguridad, afirma que teme por su integridad debido a que las personas a quienes señala como responsables continúan en libertad. Su caso quedó asentado en la carpeta de investigación 555/2026, relacionada con hechos que son investigados por autoridades ministeriales.
De acuerdo con su relato, desde que presentó la denuncia ha colaborado con la autoridad y entregado la información que le ha sido solicitada. Entre las diligencias realizadas, mencionó la elaboración de un retrato hablado de los presuntos responsables, material que, según sostiene, habría contribuido a establecer su identidad.
La mujer asegura que actualmente las autoridades ya cuentan con información para identificar a quienes señala, pero cuestiona que, pese al tiempo transcurrido, no se hayan concretado detenciones.
La preocupación de la mujer, explicó, no se limita a la falta de avances que atribuye a su expediente. También existe un antecedente familiar que considera determinante para dimensionar el riesgo que enfrenta.
Según su testimonio, una de sus tías fue víctima de feminicidio y el presunto responsable habría sido su pareja sentimental. Ese caso, agregó, permanece bajo investigación dentro de la carpeta XAL/DXI/FEMUJ/FE7/1432/2025, sin que, de acuerdo con su versión, la familia haya obtenido justicia.
La denunciante considera que ambos antecedentes incrementan su temor mientras las personas que señala permanecen en libertad. Por ello, decidió solicitar públicamente apoyo a la titular del Ejecutivo estatal.
Además de acudir ante las autoridades ministeriales, la mujer presentó una queja administrativa ante la Subdirección de Quejas y Denuncias de la Contraloría General de la Fiscalía, con la intención de que se revisara la actuación de servidores públicos que, desde su perspectiva, pudieron haber incumplido sus obligaciones por acción u omisión durante la integración de la carpeta.
En su escrito señaló particularmente la actuación de Clara Arlet Ordinola Herrera, Fiscal Especializada en Delitos Contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM).
La mujer sostuvo que la respuesta recibida de la Subdirección de Quejas y Denuncias no representó una apertura de investigación como esperaba. El documento fue firmado por Juan Manuel Pulido Solís, subdirector de Quejas y Denuncias de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado.
Según el contenido que refiere la denunciante, se le indicó que, cuando una queja no reúne los requisitos establecidos, puede determinarse previamente como no interpuesta y notificarse a quien la presentó.
Ante esta situación, la mujer hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle para que conozca su caso y se garantice atención a su denuncia. Por seguridad de la agraviada se le borro el nombre en los documentos que obran en su poder.
Los señalamientos corresponden a la versión de la denunciante. La determinación de responsabilidades penales o administrativas dependerá de las investigaciones y de las autoridades competentes.