Mujer tuvo que buscar amparo para que el CAE de Xalapa le programe cirugía

El Juzgado Primero de Distrito concedió una suspensión de plano a una paciente del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, luego de que denunciara que el hospital se negó a brindarle atención médica y pospuso sin fecha su cirugía programada.

El órgano jurisdiccional determinó que la omisión podía poner en riesgo su salud y eventualmente su vida. En su demanda, la quejosa señaló como actos reclamados “la omisión por parte de las responsables de proporcionar a la suscrita la atención médica necesaria conforme al tratamiento del padecimiento diagnosticado, ante el estado grave de salud en el que me encuentro”.

También denunció “la negativa de realizar acciones necesarias” para practicarle la intervención quirúrgica denominada “nefroscopía LASER izquierda con recambio de catéter JJ”, inicialmente programada para el 24 de noviembre de 2025, pero cancelada sin establecer nueva fecha.



El Juzgado consideró que, por la naturaleza del padecimiento renal y las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, el caso encuadra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo y que la falta de atención podría comprometer la integridad de la paciente. Ante ello, concedió de inmediato la suspensión del acto reclamado.

La resolución ordena a las autoridades del CAE otorgar atención médica integral a la quejosa, incluyendo estudios pre y posoperatorios, y fijar una fecha próxima para la cirugía, “siempre y cuando, de los estudios clínicos que se le realicen así lo determinen”. El fallo precisa que, de ser necesario, se le proporcione “atención hospitalaria especializada y demás que se estime conducente para proteger su salud”.

Asimismo, establece que, si el hospital no cuenta con equipo o recursos para realizar los estudios o la intervención, deberá subrogar los servicios “a un diverso hospital particular que sí los lleve a cabo”, cuando la urgencia lo amerite y haya soporte médico. El Juzgado ordenó a las autoridades responsables acatar la medida “de inmediato” y rendir un informe de cumplimiento en un plazo de 24 horas. En caso contrario, se les impondrá una multa y se dará vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad.