Mujeres indígenas de Veracruz tienen que “peregrinar” para abortar

Mujeres que solicitan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tienen que “peregrinar” por hospitales en localidades con alta población indígena para acceder a dicho servicio gratuito y seguro, denunció la integrante de Marea Verde Totonacapan, Metzeri Ávila San Martín.

“Pensemos en las mujeres que viven en Entabladero (municipio de Espinal) que tienen que bajar a Poza Rica. O (las) que vienen de más arriba, de Pánuco ¿cuántas horas son? Tienen que tomar su transporte, 2 o 3 camiones, llegar con la prueba de que tienen que estar embarazadas. Es realmente un peregrinar en esta cuestión que estamos hablando de violencia sexual”.

Y en los casos de las pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las mujeres también experimentan la negativa de servicios por no contar con la derechohabiencia.



Añadió que además los servidores públicos apelan a su objeción de conciencia y también son protegidos por dichas instituciones, lo cual, implica una forma de obstrucción a la ILE.

“Ha sido complejo porque las ‘acompañantas’ seguimos teniendo que estar allí y exigiendo que se cumplan estos procesos en el Estado. Cuando van (las mujeres) solas es un proceso de revictimización porque los servidores no saben de esto”.

La defensora se pronunció por “descentralizar” la información relativa al derecho de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo en vista del desconocimiento del tema en localidades indígenas, afrodescendientes o de alta vulnerabilidad.



“La información justo está en la Capital, ¿pero qué pasa con las zonas indígenas, afrodescendientes que están dentro de nuestro Estado y que no les llega la información real? En Veracruz es Ley el aborto pero las mujeres no saben que esto es un (derecho) al que deben tener (acceso)”.

Añadió que aparte de la falta de información, las solicitantes de la ILE enfrentan además la inaccesibilidad de información en lenguas originarias, la lejanía de los hospitales e incluso una doble revictimización al obligárseles a acreditar una violencia sexual como causa de un embarazo.

“Para llegar a la Capital del Estado debemos de viajar entre 5 a 6 horas. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo primero debe tener la situación económica y cuando es un tema de violencia sexual, deben llegar con el documento que se denunció previamente”, concluyó.