Municipios, cerveceras y refresqueras quieren hacer negocio con agua de veracruzanos

Al tiempo de denunciar una “hidrocracia” en México, el integrante de la Coordinadora “Agua para todos” y del Colectivo “Guardianes del Agua Xalapa”, Gerardo Alatorre Frenk, alertó de la intención de las administraciones municipales para privatizar el servicio de agua y alcantarillado.

Al participar en el foro “Por la legislación que Veracruz y México necesitan”, advirtió de la tendencia en el País por entregar a particulares la operación de los organismos suministradores del líquido, y una presión de la industria cervecera y refresquera a la legislación mexicana. “No puede haber negocio con algo como el agua, algo tan básico, que sea objeto de negocio. Existe la pretensión de mantener la privatización en los sistemas de agua y saneamiento a nivel municipal y eso no puede ser privatizado”.

Recordó que el agua no es una mercancía sino un derecho de las personas. Por lo anterior, y al ejercer la industria de la producción de bebidas una presión a la legislación local, se vive en el País una “hidrocracia” y muestra que los empresarios se aferran a los privilegios que consiguieron con la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y que no fácilmente soltarán estos.

Añadió que como agrupación, los colectivos de defensa ambiental no pueden autorizar ni permitir los esquemas a favor de la privatización como plasma contempla la Ley de Aguas Nacionales. Reprochó que se quiera ver al agua como un objeto de negocio y señaló que la actual legislación no garantiza el acceso al derecho humano al agua.

Sostuvo que esto ha generado que el País cuente con 2 leyes en la materia: una para Aguas Nacionales y la otra para el abasto doméstico, y en estas también prevalece la presión de empresarios cerveceros y refresqueros, y de la industria minera y de generación de energía. “Y la quieren mantener porque hay intereses que siguen presionando muy fuerte al Gobierno Federal. El Gobierno ya dio marcha atrás de algunos errores muy visibles y escandalosos como la autorización a las empresas mineras para depositar residuos mineros en los cauces de los ríos”.