Municipios usan Protección Civil para recaudar, acusan empresarios de Ixtaczoquitlán

Industriales y empresarios de la región lamentaron que algunos ayuntamientos hayan convertido a sus coordinaciones de Protección Civil en un “ente recaudatorio”, desde donde se atrasan o niegan a voluntad cambios de uso de suelo, permisos y anuencias a cambio de “dádivas”.

Los ayuntamientos —explican empresarios asentados en la zona centro del Estado— reglamentaron la práctica del cochupo, pues mientras la entidad normativa niega o atrasa permisos a empresarios, comerciantes e industria, la autoridad sancionadora aplica multas o cobra dádivas para “agilizar” un trámite que debería ser un derecho.

“La autoridad normativa (Protección Civil) retrasa los trámites de manera deliberada para que caigas en incumplimiento y ellos puedan ejercer las leyes punitivas que solo afectan la economía, en lugar de protegerla”, coincidieron empresarios al término de una reunión celebrada en Ixtaczoquitlán.

Señalaron que la autoridad exige el cumplimiento de un marco regulatorio para empresas de bajo y mediano riesgo, que sin lugar a dudas deben cumplir por protocolo, pero con tal de ejercer una recaudación, se vuelven estrictos en algunas cosas.

“¡Pero eso sí! Si te das una vuelta por algunos municipios, verás que hay calles con baches y a oscuras, zanjas abiertas por la misma autoridad municipal que pueden tardar meses y ahí no pasa nada. Es increíble cómo ejercen sus cotos de poder y facultades sancionadoras. En algunos casos se vuelve una extorsión para liberar las anuencias de funcionamiento o dejar pasar su transporte”, señalaron empresarios quienes solicitaron anonimato.

Incluso, señalaron que desde los mismos ayuntamientos se han dado y se siguen dando casos de malos funcionarios que, al tener intereses, mueven a voluntad los permisos y cambios de uso de suelo para facilitar la aparición de fraccionamientos y edificios.

Mientras que por otro lado, donde ya existen naves industriales con más de 50 años de funcionamiento y propiedades adquiridas y destinadas a la ampliación de actividades industriales y comerciales, los ayuntamientos meten mano, cambian el uso del suelo y obligan a los propietarios a volver a pagar los permisos.

“Imagínate en el caso de los ayuntamientos con una amplia plantilla de regidores. Ahora se debe convencer a cada uno con su respectiva comisión para que vote a favor de la modificación de cambio de uso de suelo. La verdad es que se le está pegando a la industria y el comercio, en un momento en que la economía está sufriendo”, señalaron, y dieron como ejemplo el reciente cierre de una reconocida empresa cordobesa generadora de fuentes de empleo.