Nahle no necesitaba permiso del Congreso para reestructurar deuda, dice Edith Gómez

La reestructuración de dos créditos heredados con Banobras, ahora transferidos a BBVA, no implicó un aumento en la deuda pública de Veracruz y por ello no requiere la intervención del Congreso local, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Naomi Edith Gómez Santos.

La legisladora de MORENA sostuvo que, conforme a la normatividad en materia de disciplina financiera, la participación del Congreso procede cuando existe contratación de nueva deuda o un incremento en el endeudamiento del Estado, pero no en operaciones de reestructura diseñadas para modificar las condiciones de pago y reducir el costo financiero. “Cuándo hay un tema de aumento de deuda es donde entonces entra el Congreso, en este caso al apegarse a su normatividad interna y a la disciplina financiera, no hay una situación jurídica donde tengamos que entrar, porque no hay aumento de deuda, sino una disminución en tasas de interés”, señaló en entrevista.

Gómez Santos explicó que este tipo de movimientos financieros pueden incluir cambios en los plazos de pago sin que ello signifique, por sí mismo, una ampliación de la deuda contratada. Indicó que el sentido de la operación es renegociar condiciones previamente establecidas para disminuir la carga derivada de los intereses. “Puede haber más años a pagar, pero no es un aumento de deuda, es una tasa preferencial menor a la que estaba”, puntualizó.

Mejoran términos, afirma

La diputada dijo que la transferencia de los créditos de Banobras a BBVA responde a la intención de obtener condiciones más convenientes para el estado, en particular una tasa de interés menor a la vigente en los contratos anteriores. “Entendemos que pasó a Bancomer para que adquiriera la deuda pero con una menor tasa de interés, es lo primordial, hoy tenemos una reunión con el secretario de Finanzas para tener mayor certeza sobre los detalles técnicos”, agregó.

Sus declaraciones se dan en medio de cuestionamientos sobre el alcance de la renegociación y sobre si el Congreso local debió conocer o autorizar el movimiento. Frente a ello, Gómez Santos insistió en que la operación no modifica el monto de la deuda pública, sino que se limita a cambiar las condiciones financieras bajo las cuales será cubierta.

La presidenta de la Mesa Directiva señaló que, desde la perspectiva legal, el punto central es distinguir entre una reestructura y una contratación de deuda adicional. En el primer caso, dijo, el gobierno puede ajustar plazos, tasas y mecanismos de pago para mejorar las finanzas estatales, siempre que se mantenga dentro del marco normativo aplicable y no se eleve el saldo total de las obligaciones.

También se refirió a las críticas por la concentración de distintos servicios financieros del Gobierno del Estado en BBVA, entre ellos la nómina y algunos fideicomisos. Sobre ese señalamiento, sostuvo que el criterio principal para evaluar la decisión debe ser el impacto económico que genere para las finanzas públicas de Veracruz. La diputada planteó que, más allá de la institución bancaria con la que se celebren este tipo de operaciones, lo relevante es que el estado obtenga mejores condiciones para el manejo de sus pasivos y reduzca presiones presupuestales en el pago de intereses.