Nahle plantea endurecer castigos por operaciones con recursos de procedencia ilícita

La gobernadora Rocío Nahle García envió al Congreso local una iniciativa para reformar el artículo 230 del Código Penal del Estado, con el propósito de ampliar las conductas sancionables en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, actualizar el esquema de multas y endurecer las penas cuando en el delito intervengan servidores públicos.

La propuesta fue recibida por la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis.

Presentada durante la novena sesión del primer receso, la iniciativa plantea que comete este delito quien, por sí o por interpósita persona, realice o ayude a realizar operaciones con recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que provienen de una actividad ilícita. La Mesa Directiva de la sesión fue presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos.



De aprobarse, el nuevo texto establecería penas de 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en sustitución del parámetro de salario mínimo que aún conserva la redacción vigente.

La reforma amplía el catálogo de conductas sancionables. Entre ellas, adquirir, vender, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar, recibir, invertir, traspasar, transportar o transferir dinero, bienes o recursos dentro del territorio estatal, del Estado hacia el exterior o a la inversa, cuando la persona conozca que esos bienes proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

También prevé sanciones para quien oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de esos recursos.



El proyecto incorpora además una definición sobre cuándo se considerará que un recurso tiene origen ilícito. Según la propuesta, bastará con que existan indicios o pruebas de que proviene directa o indirectamente de la comisión de algún delito o de las ganancias generadas por esa actividad, y que no pueda acreditarse su procedencia legal.

Uno de los cambios planteados está dirigido a los servidores públicos. La iniciativa establece que, si el responsable ocupa un cargo público, la sanción podrá aumentar hasta en una mitad. A ello se sumaría la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

En la exposición de motivos se señala que el artículo 230 del Código Penal de Veracruz no ha sido modificado desde 2003, mientras que la legislación federal en materia de lavado de dinero sí ha sido actualizada en distintas ocasiones.



El documento sostiene que esta diferencia normativa hace necesario armonizar la legislación estatal con el marco legal vigente a nivel federal, con el objetivo de fortalecer la persecución de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y ampliar el alcance de las conductas que pueden ser sancionadas.

La iniciativa quedó turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz, donde será analizada antes de ser dictaminada y, en su caso, presentada al pleno para su discusión y votación.