Nanchitecos de AC desalojados, piden que Gobierno del Estado entregue predios de El Rodeo

Aunque intentaron hacerlo, los integrantes de Antorcha Campesina no bloquearon las vías de comunicación del sur, como lo advirtieron, más bien se manifestaron en contra del Gobierno del Estado para que entregue los predios de El Rodeo, ubicado en el municipio de Nanchital y pague por las afectaciones a sus casas y bienes.

Alrededor de las 10:00 horas, los integrantes de la agrupación política intentaron bloquear la circulación por el puente Coatzacoalcos 1 y levantar las plumas de la caseta, los antorchitas decidieron sólo manifestarse y protestar en Nanchital.

“La diputada Minerva Salcedo Vaca está negociando con representantes del Estado, para que les permitan regresar a los terrenos de El Rodeo y se les apoye para recuperar sus casas”, aseguró Rigoberto Santana Tapia, representante de Antorcha Campesina.

Hizo hincapié en que ellos están realizando trámites con INVIVIENDA para que se les venda los terrenos que pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), pero la sección 11 se los quiere apropiar a pesar de que venció el convenio de expropiación.

“Los terrenos pertenecían al ejido Amatitlán, pero fueron expropiados para construir nuevas casas de petroleros y después pasó a ser propiedad de la SEDUE, ahora SEDESOL”, explicó.

Acusó que el cacique petrolero Ramón Hernández Toledo se quiere apropiar de los terrenos a pesar de que conoce la situación legal que mantienen actualmente.

Los desalojados están pidiendo que el Gobierno del Estado intervenga y les regrese sus casas y los objetos que fueron enviados al basurero municipal, por parte de los elementos de Seguridad Pública.

Gerardo Alba Ochoa, habitante del predio El Rodeo, denunció que los elementos de la Policía Estatal los amenazaron cuando ejecutaron el desalojo y les robaron dinero, pertenencias y enseres domésticos.

Los antorchistas mantendrán su postura de regresar al Predio invadido aún cuando se encuentren muy cerca del derecho de vía de PEMEX y exigen a su vez que el Gobierno del Estado pague por todos los daños que sufrieron durante el desalojo.