Al no contar con recursos económicos para pagar la sentencia de un juicio laboral promovido en contra del ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, el alcalde Pedro José Arrioja Pérez quiso poner a la venta el inmueble que ocupa la Policía Municipal, lo cual le negó el Congreso del Estado.
El Alcalde había solicitado a la Legislatura estatal la enajenación del bien inmueble ubicado en la avenida Benito Juárez sin número, colonia Tejeda del municipio de José Azueta, para dar cumplimiento con la sentencia a que fue condenado en los autos del juicio laboral número 462/2007-II del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, promovido por Víctor Manuel Hernández Acevedo, a quien le ordenaron pagarle una liquidación de dos millones 108 mil pesos.
Este martes a través de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, se oficializó la determinación del Congreso veracruzano en el sentido de que no puede autorizar la enajenación del bien inmueble antes citado, porque alberga las instalaciones de la Policía Municipal de José Azueta y es considerado de dominio público.
En los últimos meses, al único que el Congreso de Veracruz le autorizó vender propiedades municipales para el pago de laudos laborales, fue al ayuntamiento de Alvarado que preside Octavio Jaime Ruíz Barroso, a quien le autorizaron vender casi hectárea y media de terrenos en el exclusivo fraccionamiento “Playas del Conchal” para pagar “única y exclusivamente” liquidaciones de laudos ganados por extrabajadores despedidos en pasadas administraciones.
Con base en el costo promedio de 5 mil pesos el metro cuadrado en el lujoso fraccionamiento Playas del Conchal, ubicado en la llamada “Riviera Veracruzana”, el gobierno municipal de Alvarado obtuvo mínimo 7.2 millones de pesos por la venta de cuatro lotes, dos de 363 y otros dos de 364 metros cuadrados, ubicados en la calle Abulón, manzana 1B.
Dicha autorización para la venta de estos cuatro terrenos se publicó el pasado martes 21 de junio en la Gaceta del Estado de Veracruz, número 245, aunque el acuerdo en el Congreso del Estado se dio desde mayo pasado.
En junio pasado, al último que le negaron similar solicitud fue al ayuntamiento de Sayula de Alemán, el cual pedía una partida presupuestal para dar cumplimiento a la sentencia derivada del juicio laboral número 439/2010-III del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.