Niega Gobierno estatal información a Amnistía sobre detenciones de la Policía

El gobierno de Veracruz negó a Amnistía Internacional información relativa a detenciones por parte de la Policía Estatal y Municipal; reveló la organización en su informe "Falsas sospechas: detenciones arbitrarias por la Policía en México".

En el documento de 48 páginas publicado en sus redes oficiales, Amnistía Internacional aclaró que solicitó información por escrito a los gobiernos de todos los estados de la República y de la Ciudad de México.

Sin embargo, al cierre de las investigaciones del informe, en mayo de 2017, sólo respondieron los gobiernos de: la CDMX, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco.



En el caso de Veracruz, Amnistía Internacional reveló que la administración estatal, ya en manos de Miguel Ángel Yunes Linares, envió una respuesta insuficiente con la justificación de que el Gobierno Estatal no estaba obligado a proporcionar la mayoría de la información.

Los datos requeridos porAmnistía a los gobiernos de los estados fue la siguiente: Número de detenciones totales por año y por cuerpo de seguridad pública, de 2014 a la fecha; número de detenciones por condición de orden de aprehensión, caso urgente o flagrancia, de 2014 a la fecha; detenciones según sexo y edad de la persona detenida de 2014 a la fecha; detenciones según el delito o falta administrativa que los haya motivado, de 2014 a la fecha; número de elementos de la Policía en los cuerpos de seguridad pública, tanto municipal como estatal.



Amnistía también pidió el dato de las remuneraciones salariales que perciben los elementos de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal y si las corporaciones policiales en la entidad federativa utilizan el informe policial homologado y si existe capacitación en el uso de éste.

En un octavo inciso del pliego, se requiere información sobre el número de policías sancionados administrativa o penalmente por la comisión de detenciones arbitrarias o ilegales y si existen capacitaciones a los cuerpos de seguridad en materia de uso de la fuerza y el nuevo sistema penal.

El informe de Amnistía, que vio la luz en julio pasado y que fue ignorado por la autoridad estatal, brinda siete recomendaciones a las fuerzas de seguridad del Estado:

a) Que la Policía garantice el derecho de toda persona de ser informada, desde el momento mismo de la detención, de las razones de su privación de libertad.
b) Regular el uso de la fuerza.
c) Recurrir a la geolocalización y videograbación en patrullas.
d) Evitar las detenciones por origen étnico.
e) Revisar la versión actual del informe policial y que éste sea firmado por los agentes que participan en la detención.
f) Generalizar el uso de cartillas de lectura de derechos.