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Sección: Estado de Veracruz

Niega titular de Trabajo presiones a empleados para aportar al Teletón

- Durante su comparecencia, Luis Arturo Santiago rechazó que las donaciones fueran obligatorias

- Diputados le cuestionaron presuntas amenazas de despido, irregularidades laborales, falta de transparencia y resultados insuficientes en generación de empleo

José Topete Xalapa, Ver. 18/11/2026

alcalorpolitico.com

El secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Luis Arturo Santiago Martínez, reconoció que su dependencia solicita aportaciones económicas para el Teletón, pero negó que sean obligatorias, luego de que diputados del PRI denunciaron presuntas presiones y amenazas de despido contra trabajadores para entregar hasta 5 mil pesos.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar señaló que empleados de la dependencia habrían sido obligados a aportar 500 pesos, mientras que a personal de jefaturas y otros niveles jerárquicos se les solicitaron cantidades de 3 mil y 5 mil pesos.

El diputado Héctor Yunes Landa respaldó los señalamientos y afirmó haber recibido mensajes de trabajadores a quienes presuntamente se les advirtió que podrían perder su empleo si se negaban a realizar las aportaciones.

"Sí, efectivamente les solicitamos luego en algunas campañas como Teletón, que son muy nobles, que participen los compañeros que quieran, pero nunca se les obliga", respondió Santiago Martínez.

Valdés Salazar insistió en que se transparentara el destino de las aportaciones y se informara si el dinero recaudado había sido depositado en las cuentas del Teletón.

Presuntas presiones en Jóvenes Construyendo el Futuro

Los legisladores también cuestionaron la presunta utilización de trabajadores estatales para verificar centros de trabajo del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, incluso bajo señalamientos de posibles condicionamientos políticos.

Yunes Landa sostuvo que personal de la Secretaría habría recibido instrucciones para revisar alrededor de 10 mil centros de trabajo y exigió conocer bajo qué convenio y con qué presupuesto estatal se realizaron esas actividades.

Santiago Martínez respondió que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa federal y que su dependencia carece de facultades para inspeccionar los establecimientos participantes.

"La secretaría no tiene atribución para revisar, auditar, fiscalizar los centros de trabajo donde se encuentran los jóvenes construyendo el futuro", sostuvo.

Señalamientos por presuntos moches en el Congreso

Durante la segunda ronda, Valdés Salazar también preguntó si existían denuncias laborales por presuntos cobros indebidos a empleados del propio Congreso, señalados públicamente como "moches" atribuidos a legisladoras.

El cuestionamiento provocó interrupciones entre los asistentes, por lo que la presidencia de la comparecencia tuvo que detener el cronómetro en dos ocasiones y solicitar respeto para permitir que continuara la intervención.

La discusión se extendió a las condiciones del mercado laboral veracruzano, luego de que la diputada María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, cuestionó los resultados de la dependencia frente a los indicadores de pobreza e informalidad.

Con datos de la organización México, ¿cómo vamos?, expuso que el 43.7 por ciento de la población de Veracruz vive en pobreza laboral, casi siete de cada diez trabajadores se encuentran en la informalidad y durante los primeros nueve meses de 2026 únicamente se generaron 591 empleos formales.

También señaló que la participación laboral femenina alcanza apenas el 37.2 por ciento, por lo que exigió conocer cuántos empleos formales han sido generados directamente mediante los programas de la Secretaría.

Por su parte, la diputada panista Luz Alicia Delfín Rodríguez cuestionó que el Gobierno estatal reportara la colocación de 15 mil 506 personas sin detallar cuántas permanecen contratadas, qué salarios reciben y cuáles son sus prestaciones laborales.

Santiago Martínez aseguró que las empresas cuyas vacantes son promovidas por la dependencia deben ofrecer seguridad social y salarios de al menos el mínimo legal. No obstante, en su intervención no precisó la permanencia laboral de las personas colocadas.

El funcionario destacó que Veracruz registra una tasa de desocupación del 1.9 por ciento, frente al 2.7 por ciento nacional, aunque los legisladores insistieron en que ese indicador no refleja por sí mismo las condiciones salariales ni la informalidad.

Seis casos de trabajo infantil bajo revisión

Otro de los cuestionamientos se concentró en el trabajo infantil. Córdova Molina citó cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025 del INEGI, según las cuales Veracruz registra una incidencia del 17.3 por ciento y ocupa el cuarto lugar nacional.

Ante los cuestionamientos sobre las acciones para reducir este problema, Santiago Martínez informó que la Secretaría tiene seis casos de trabajo infantil bajo revisión del área de inspección.

El funcionario explicó que se realizan campañas de concientización en escuelas y sostuvo que, de acuerdo con un estudio de la dependencia, solamente el 4 por ciento de los menores identificados en actividades laborales recibe un salario. No proporcionó una cifra sobre niñas, niños y adolescentes que hayan dejado de trabajar como resultado de la intervención institucional.

Cuestionan recursos sin comprobar y denuncias laborales

La legisladora de Movimiento Ciudadano también pidió aclarar una observación que atribuyó a la Auditoría Superior de la Federación por un millón 228 mil pesos de Impuesto Sobre la Renta retenido a trabajadores, cuyo pago al Servicio de Administración Tributaria no habría sido acreditado.

Asimismo, solicitó investigar denuncias sobre presuntas irregularidades en el Centro de Conciliación Laboral de Poza Rica, donde trabajadores habrían sido canalizados hacia un despacho jurídico particular, así como posibles irregularidades de subcontratación en una cervecera del puerto de Veracruz.

Explican nuevo esquema para el ingenio San Pedro

La comparecencia también abordó la situación del ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada. Santiago Martínez explicó que, tras la decisión del Grupo Porres de dejar de operarlo, se acordó un esquema de fideicomiso privado con participación de trabajadores, productores cañeros y un operador.

Afirmó que las instalaciones fueron entregadas sin costo para dar continuidad a la actividad industrial, después de que la empresa realizara las liquidaciones laborales correspondientes.