No avanzan investigaciones contra presuntos operadores del “Cartel Inmobiliario” en Xalapa

A pesar de denuncias formales, contratos, expedientes judiciales y diversos documentos que señalan posibles fraudes y despojos inmobiliarios en la región de Xalapa, las carpetas de investigación en contra de abogados señalados como presuntos operadores del llamado “Cartel Inmobiliario” continúan sin avances en la Fiscalía General del Estado.

Entre los nombres mencionados en las denuncias aparece el del abogado Roly Domínguez Romero, quien incluso cuenta con una acusación penal por fraude acompañada de pruebas documentales y testimoniales, sin que hasta el momento se hayan reportado resultados en las investigaciones ni acciones judiciales en su contra. Un esquema de fraude inmobiliario que involucra a abogados, prestanombres y presuntas irregularidades dentro del sistema judicial quedó documentado en una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sin que hasta ahora existan avances en la investigación, pese a las pruebas y a la gravedad de los hechos denunciados.

De acuerdo con documentos judiciales y contratos de compraventa en poder de este medio, el caso señala directamente al abogado Roly Domínguez Romero, quien ha sido mencionado en diversas denuncias públicas como una pieza clave dentro de un supuesto “Cartel Inmobiliario” que operaría en Xalapa mediante la apropiación irregular de bienes inmuebles. La denuncia fue presentada desde el mes de diciembre de 2025 ante la Fiscalía en turno del Distrito Judicial de Xalapa, donde acusa a Roly Domínguez Romero y a Reynaldo Cuevas Tejeda del delito de fraude por la cantidad de 3 millones 500 mil pesos, además de una pena convencional de 750 mil pesos, derivada de un contrato de compraventa incumplido.

Según el expediente, los denunciados ofrecieron la venta de un terreno de aproximadamente 35 hectáreas ubicado en Naolinco de Victoria, Veracruz, identificado como el predio “Llano Grande”. El denunciante señala que el precio acordado por el inmueble fue de 7 millones 500 mil pesos, de los cuales entregó un anticipo de 3 millones 500 mil pesos, bajo la promesa de que la posesión y la escritura pública serían entregadas posteriormente.

El contrato de compraventa fue firmado el 20 de diciembre de 2024 en Xalapa, documento en el que aparecen como vendedores Reynaldo Cuevas Tejeda y Roly Domínguez Romero, mientras que Miguel Isaac Contreras Gómez Gil firmó como testigo. Sin embargo, tras realizar el pago inicial, el comprador descubrió que los supuestos vendedores no tenían ni la posesión ni la escritura del predio, situación que derivó en la denuncia penal.

De acuerdo con la narración de hechos contenida en la denuncia, el fraude quedó al descubierto cuando se intentó ejecutar un desalojo en el predio antes de la fecha pactada para la entrega formal. En ese momento se comprobó que quienes pretendían vender el terreno no contaban con los derechos de propiedad ni con documentos válidos que acreditaran la titularidad del inmueble. El denunciante señala que incluso se registraron enfrentamientos con los ocupantes del terreno durante un intento de lanzamiento, lo que evidenció que el predio no estaba en poder de quienes lo ofrecieron en venta.

Tras exigir la devolución del dinero, los señalados se habrían negado reiteradamente a cumplir con lo pactado. En la denuncia se invoca el artículo 386, fracción III del Código Penal Federal, que establece sanciones por el delito de fraude cuando se obtiene un lucro indebido mediante engaños o aprovechando el error de otra persona. De acuerdo con especialistas en Derecho Penal, la pena para este delito puede ir de 3 a 12 años de prisión, lo que además impediría la libertad bajo fianza en caso de acreditarse el ilícito.

El denunciante argumenta que los acusados actuaron con dolo al presentarse como propietarios de un bien inmueble sin contar con escritura pública ni posesión legal. Entre los funcionarios señalados por conocer del caso se menciona a Alma Cristal Rivera Pacheco, fiscal regional, así como a Roberto Jiménez, fiscal de distrito, cuyos nombres aparecen vinculados al seguimiento institucional de la denuncia relacionada con este presunto entramado inmobiliario.

El esquema de dichos abogados no se limita a la operación de compraventa. Diversos documentos judiciales refieren que este esquema estaría vinculado con procesos civiles y mercantiles que derivaron en desalojos y pérdida de propiedades. Uno de los expedientes citados es el juicio civil 564/2022/V1, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, donde presuntamente se autorizó un lanzamiento basándose únicamente en un contrato privado de compraventa. Según los afectados, ese contrato habría sido certificado por un notario que ya no ejercía el cargo, lo que generó dudas sobre su legalidad.

Las víctimas sostienen que el inmueble fue adjudicado mediante una falsa declaración de herederos y posteriormente vendido en operaciones simuladas. Uno de los elementos que más llamó la atención de los denunciantes fue la rapidez con la que se resolvió el litigio. Según los documentos presentados y contrario a las denuncias en contra de los operadores del “Cartel Inmobiliario”, el proceso se resolvió en apenas 25 días, del 18 de septiembre al 26 de octubre de 2023, mediante una sentencia de 2 cuartillas que, según los afectados, no analiza el fondo del asunto ni menciona a los verdaderos propietarios del inmueble.

La resolución fue declarada cosa juzgada, lo que dejó a las víctimas sin posibilidad de apelación. También se menciona el juicio ejecutivo mercantil 542/2024/II, tramitado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, donde nuevamente aparece como actor Reynaldo Cuevas Tejeda. Al respecto, los denunciantes sostienen que Cuevas Tejeda actuó como prestanombres de los abogados Roly Domínguez Romero y Miguel Isaac Contreras Gómez Gil.

Señalan que la audiencia fue notificada con apenas 8 días de anticipación, lo que limitó la preparación de la defensa. Además, durante la audiencia de pruebas, el encargado de la mesa identificado como “Jorge” habría resuelto promociones sin la firma del Secretario de Acuerdos ni de la Jueza. Cuando los afectados reclamaron esta irregularidad, el Secretario de Acuerdos aseguró haber autorizado dicho procedimiento.

Posteriormente, según los denunciantes, se reservaron acuerdos importantes, entre ellos una solicitud de prórroga para desahogar una prueba pericial, la cual fue desechada sin justificación. Otro de los hechos denunciados es que el 11 de diciembre de 2024 se ejecutó un lanzamiento judicial del inmueble sin que las propietarias hubieran sido notificadas previamente.

Las víctimas sostienen que este tipo de actuaciones reflejan un posible contubernio entre particulares y personal judicial. En las conclusiones presentadas por los denunciantes se señala que como en otros casos, las pruebas documentales evidencian de nueva cuenta que la estructura opera utilizando documentos falsos, contratos privados y procedimientos judiciales acelerados para apropiarse de bienes inmuebles.

Asimismo, se advierte que los funcionarios judiciales involucrados debieron advertir las inconsistencias en los expedientes y, al no hacerlo, podrían haber contribuido a la configuración de diversos delitos contra la administración de justicia. A pesar de la denuncia formal, los contratos firmados, las pruebas documentales y los señalamientos públicos sobre presuntos despojos, hasta el momento no se han reportado avances significativos en la investigación.

Los denunciantes solicitan a la gobernadora Rocío Nahle García que apoye todos los casos que involucran este tipo de fraudes y que haga un llamado para que se revisen los expedientes judiciales, “que se investigue a fondo la participación de abogados y personal judicial, porque está claro que es fraude y despojo inmobiliario”. Mientras tanto, los diversos casos continúan sin resolverse, en medio de crecientes señalamientos sobre la existencia de redes que continúan operando desde la sombra del sistema judicial para adjudicarse propiedades en la región.