La titular de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, Adriana Linares Capitanachi, advirtió que los servidores públicos que contraten a personas sancionadas o inhabilitadas podrán incurrir en responsabilidad legal, ahora que la Plataforma Digital Anticorrupción opera en Veracruz.
En entrevista, la funcionaria señaló que la consulta de información es pública y obligatoria para quienes intervienen en procesos de contratación. “Ahora ya con el funcionamiento (de la plataforma) ya se puede consultar y las responsabilidades pues se irían a las que están dictaminadas en Ley de responsabilidades general”, afirmó.
La plataforma forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y se articula con el Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo con la titular de la Secretaría Técnica, en la entidad ya operan tres de los sistemas previstos: el de declaraciones patrimoniales y de intereses, el de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contratación y el de servidores públicos y particulares sancionados. “Ya tenemos la declaración del sistema 3 en la cual los órganos internos de control tienen que basar la información que es pública, la puedan consultar. Cualquier persona que ingrese a la página”.
Indicó que el Sistema 3 concentra información sobre personas inhabilitadas y sancionadas, lo que permite verificar antecedentes antes de concretar una contratación. Linares Capitanachi precisó que aún están en implementación el Sistema 4 de Información y Comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización, el sistema de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el sistema de contrataciones públicas. “Estamos trabajando en el sistema uno, son las declaraciones patrimoniales y muy pronto ya también va a estar en funciones”, dijo.
Municipios tienen que aportar información
Añadió que ya se realizaron reuniones con municipios para exhortar a los contralores a alimentar la base de datos. “Vamos a seguir invitándolos para que este los contralores hagan lo propio de nutrir la información porque va encaminado a que en un futuro con inteligencia artificial”.
Sobre la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle, indicó que existe una directriz de cero tolerancia. “La gobernadora está en la disposición de que nosotros tenemos que tener cero tolerancia a la corrupción y una de las maneras es precisamente la consulta que como repito es pública. La gobernadora está comprometida en el combate a la corrupción y pues estamos trabajando”, señaló.
Cabe recordar que el Ejecutivo estatal también emitió, en octubre de 2025, un decreto para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal, adscrita a la Secretaría de Finanzas y Planeación De acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Oficial, esta Unidad tiene facultades para solicitar, recopilar, analizar y procesar información patrimonial, económica y fiscal de personas físicas y morales, con el fin de elaborar productos de inteligencia que permitan detectar posibles delitos financieros o fiscales.
Entre sus atribuciones está remitir los resultados a la Procuraduría Fiscal cuando se identifiquen hechos con apariencia de delito u operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ámbito estatal, así como colaborar con autoridades federales y estatales en la prevención y detección de conductas vinculadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o hechos de corrupción.