No es viable venta de camionetas para liquidar a consejeros distritales: Eva Barrientos

La venta de las 38 camionetas para el uso de los consejeros generales y distritales electorales debería consensuarse, manifestó la consejera presidenta de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Eva Barrientos Zepeda.

Dijo que antes de hacer una venta, se debe tomar en cuenta que los vehículos son herramientas de trabajo para los 30 consejos distritales y de los integrantes del Consejo General y el Secretario Ejecutivo.

Así respondió a la propuesta hecha por el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Freddy Marcos Valor, a fin de que con ese recurso se les pague las cuatro quincenas a los 520 funcionarios distritales.



"Hemos visto varias posibilidades, las camionetas distritales, porque no nada más son las de los consejeros, tendríamos que ponderarlo porque también son herramientas de trabajo y vienen las elecciones municipales en 2017 y de gobernador y diputados en 2018 y entonces tendríamos que ponderarlo", reiteró.

Al mismo tiempo, la funcionaria electoral lamentó que el OPLE todavía no haya podido pagarles los salarios y liquidaciones a los empleados de los 30 consejos distritales que fueron despedidos al vencerse sus contratos y a los integrantes de los consejos, por el adeudo que mantiene la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) con el órgano autónomo.

"Estamos a dos meses de que no se les ha pagado, seguimos con todas las gestiones, los acercamientos con la SEFIPLAN, siguen en trámite los medios de impugnación que ya conocen y a la espera", manifestó.



Afirmó que los consejeros distritales, después de la reunión que sostuvieron con algunos el viernes pasado, no tuvieron otra opción más que esperar, dada la promesa del Consejo General de seguir haciendo las gestiones necesarias para lograr que le sean depositadas las ministraciones.

Por último, Barrientos Zepeda dijo que los funcionarios de los órganos desconcentrados están en todo su derecho de promover una acción legal en contra del Consejo General, para lograr que les sean depositadas sus cuatro quincenas.