Aunque durante su gestión en el Sector Salud de Veracruz se detectó un presunto daño patrimonial, un Tribunal federal confirmó que no quedó acreditada la existencia de una orden de aprehensión, comparecencia o presentación contra Guadalupe Díaz del Castillo Flores tras concluir su encargo como secretaria de Salud en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito ratificó el sobreseimiento del amparo relacionado previamente con la exfuncionaria, luego de que autoridades federales y estatales negaron haber solicitado, emitido o ejecutado alguna de las medidas reclamadas. La resolución, aprobada por unanimidad este mes de julio de 2026, corresponde a un amparo revisión y confirma la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Xalapa.
Los magistrados no analizaron si una eventual orden de captura estaría justificada ni resolvieron sobre posibles responsabilidades administrativas o penales. El juicio fue cerrado porque no se demostró que los actos señalados en la demanda existieran. “Quien promueve una demanda de amparo está obligado a demostrar la existencia del acto que impugna”, estableció el Tribunal.
La demanda de amparo fue presentada el 15 de mayo de 2025 contra 43 autoridades estatales y federales, entre ellas fiscales anticorrupción, jueces de control, mandos de la Policía Ministerial, la Guardia Nacional y dependencias de seguridad. La promovente manifestó que podría existir una orden de aprehensión, comparecencia o presentación en su contra. También reclamó una posible intervención de sus comunicaciones y la solicitud de una audiencia inicial ante un Juez de control.
Durante el procedimiento, el Juzgado Segundo de Distrito le solicitó identificar a las autoridades que habrían requerido esas medidas y aportar información sobre el proceso penal que presumiblemente enfrentaba. La defensa respondió que desconocía la fecha de la posible audiencia, el número del expediente, la carpeta de investigación y el juzgado que tendría conocimiento del caso.
Niegan órdenes de captura
Las dependencias y funcionarios que rindieron informes negaron que existieran órdenes de captura, comparecencia o presentación, así como solicitudes de audiencia inicial o intervenciones de comunicaciones. Las respuestas fueron notificadas a la defensa, que no presentó documentos, testimonios u otros elementos para contradecirlas. Ante la falta de pruebas sobre la existencia de los actos reclamados, el Juzgado Segundo de Distrito sobreseyó el amparo el 11 de septiembre de 2025.
La defensa impugnó la resolución con el argumento de que no se habían incorporado correctamente todos los informes de las autoridades. El Tribunal Colegiado rechazó el señalamiento al verificar que los documentos fueron recibidos, integrados al expediente y notificados durante el procedimiento. “Los agravios formulados por el autorizado de la quejosa resultan ser infundados”, resolvieron los magistrados.
La sentencia fue emitida por Saray Hernández Pérez, Dulce María Mendoza Rosas y Salvador Castillo Garrido, quienes ordenaron archivar el recurso como asunto concluido.
Desvíos observados
Cabe señalar que durante la gestión de Díaz del Castillo Flores, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el Sector Salud de Veracruz debe aclarar mil 78 millones de pesos de recursos federales ejercidos durante 2024.
La ASF revisó 8 mil 107.7 millones de los 9 mil 837.6 millones de pesos transferidos y detectó observaciones relacionadas con movimientos a cuentas bancarias no autorizadas, mezcla de recursos de distintas fuentes de financiamiento y pagos cuya aplicación no fue acreditada. El organismo también reportó una diferencia de 2 mil 3 millones de pesos entre la fuente de financiamiento registrada por los Servicios de Salud de Veracruz y la asentada en los comprobantes fiscales de sueldos y salarios.
Por separado, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) reportó un presunto daño patrimonial por 83 millones de pesos en SESVER durante la Cuenta Pública 2024, derivado de anticipos no amortizados y observaciones en almacenes y bienes muebles. De ese monto, 56 millones 665 mil pesos corresponden a anticipos entregados a Grupo Antber, S.A. de C.V., para adquirir sistemas fotovoltaicos y equipos destinados a hospitales de Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa y Córdoba, así como al Centro Estatal de Cancerología.